La paz es factible y los gobernadores son la pieza fundamental. Lo he venido diciendo de diversas maneras durante las últimas semanas, tanto en las presentaciones de mi libro Jaque Mate al Crimen Organizado, en los estados de la República, como en entrevistas sobre la polémica aprobación de la reforma que prolongó hasta 2028 la acción de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Esta medida es indispensable en estos momentos, por la coyuntura actual y las desafortunadas perspectivas a futuro cercano, que son las de un México incendiado por la delincuencia organizada, en el que todos los días están en alto riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos; pero desafortunadamente es para algunos políticamente incorrecta, ante la polarización que predomina en el país, y que no nos está permitiendo encontrar puntos medios, tan necesarios para que México avance.
Quienes la critican, especialmente al interior del propio Congreso de la Unión, no están velando por los intereses de sus estados, pues los gobernadores han manifestado claramente que necesitan al ejército para controlar los embates del crimen organizado.
Esto fue muy claro en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde el 4 de octubre miembros del cártel los Tequileros acribillaron a 20 personas, entre ellas el Presidente Municipal, Conrado Mendoza, y a varios policías municipales que no estaban ni entrenados ni armados adecuadamente para hacerle frente a este ataque.
Ahora, hay una diferencia entre un gobernador que necesita a las fuerzas armadas para que hagan su trabajo, y otro que trabaja junto con las fuerzas armadas en la seguridad pública de su estado, y ese es el caso de Coahuila, único en el país, desde hace una década.
Ahí, en una situación similar a la de Zapopan, en 2019, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís coordinó el contraataque oportuno al Cártel del Noreste, en el poblado de Villa Unión. Se presentó en el lugar; se detuvo y se extraditó a los responsables.
Coahuila es hoy uno de los estados más seguros del país porque como gobernador asumí mi responsabilidad. Contrario a los consejos que recibí, no se la dejé al gobierno federal.
Esa responsabilidad implicó abordar la seguridad pública como lo que es: una estrategia multidimensional y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, encabezada por el gobernador.
Cuando se habla de seguridad pública la gente piensa primero, o solamente, en su aspecto reactivo, es decir, el combate armado entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, pero aunque dicha reacción fuera óptima, nunca resolveríamos el problema, porque hay que atender por igual sus facetas preventiva, punitiva y social.
En la preventiva hay que cerrarle las fuentes de financiamiento al crimen organizado, como casinos, chatarreras, ventas clandestinas de alcohol, cobro de piso y por supuesto narcomenudeo, entre otras.
En la punitiva es necesario que la persecución y sanción sean eficaces y ejemplares, porque solo así se puede disuadir al delincuente y recobrar la confianza de los ciudadanos.
En el aspecto social se requiere proveer a la población de lo que realmente necesita para que la delincuencia no sea atractiva: empleo estable, buenos salarios, prestaciones, educación de calidad, espacios para la cultura y el deporte y, sobre todo, combatir los ambientes criminógenos en las comunidades. Es necesario prohibir todas las expresiones que hagan del crimen organizado una actividad viable o hasta un ejemplo a seguir.
La paz es factible. Coahuila está dando el ejemplo.