Este fin de semana, el sábado 27 de abril, el diputado federal y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Miguel Prado de los Santos, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Se le acusa del desvío de tres mil 941 millones 744 mil 886 pesos, durante su gestión como gobernador de Campeche, de 2015 a 2019.
En la denuncia, a la que tuvo acceso este reportero, se especifica que el exmandatario campechano hizo uso indebido de fondos federales, por lo que podrían imputársele delitos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El escrito se basa en información de la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, que en 2016 realizó 26 observaciones por un monto de 163 millones 513 mil 459 pesos; en 2017 detectó siete irregularidades por 312 millones 392 mil 208 pesos; en 2018, fueron 38 probables desvíos por un monto de tres mil 434 millones 625 mil 703 pesos; mientras que en 2019 la suma ascendió a 42 millones 688 mil 91 pesos en 16 inconsistencias no aclaradas por el gobierno del priista.
Además, la denuncia menciona la existencia ya en el Ministerio Público de una carpeta de investigación con número CI-2-2022-3142, abierta por la Fiscalía General del Estado de Campeche contra Alejandro Moreno Cárdenas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esas carpetas se investiga también a varios de los colaboradores de Alito por haber adquirido propiedades en la entidad con esquemas de financiamiento de dudoso fondeo. Asimismo, se indaga la construcción de una mansión propiedad Alejandro Moreno valuada en más de 130 millones de pesos, monto que supera por mucho los ingresos que percibió como gobernador.
Esta denuncia se suma a otra presentada recientemente por la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, diputada federal Montserrat Arcos Velázquez, contra Alito y contra el secretario de Finanzas del Comité Nacional, Eduardo Gutiérrez Arroyo, esto por actos de corrupción y, sobre todo, por violencia política de género. Sin duda, los mencionados temas fueron más balas en el arsenal de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo; sobre todo ahora que se asegura que el exgobernador campechano se ha convertido en el más cercano asesor de la candidata opositora Xóchitl Gálvez.
Aun en este escenario Alito tiene un lugar asegurado en el Congreso de la Unión, con su respectivo fuero constitucional para enfrentar con tranquilidad cualquier proceso judicial. La 4T tiene cuatro meses para concretar acciones contra el líder priista, y para ello tratan de convencer de actuar en consecuencia al fiscal Alejandro Gertz.
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