Torréon, Coahuila.- Un juez federal de Coahuila se sumó a la postura de un Tribunal Colegiado de Michoacán respecto a que los gobiernos estatales sí tienen facultades para tomar medidas adicionales a las dictadas por el Gobierno Federal y limitar algunas libertades, como las de tránsito o reunión para evitar los contagios por Covid-19.
El juez Juan Marcos Dávila, admitió a trámite un amparo promovido por un ciudadano pero negó suspender el decreto del gobierno de Coahuila, promulgado el 22 de abril pasado, que contempla medidas para combatir la pandemia.
“Es inconcuso que el objetivo del acto reclamado se funda en un fin de interés colectivo, que es precisamente el de evitar la propagación de la epidemia a través del resguardo domiciliario, el cual puede resultar afectado al impedirse la ejecución de medidas para combatir la epidemia”, señala el resolutivo.
Dávila Rangel planteó que el derecho al libre tránsito, entre otros, encuentra sus límites en el orden público, esto es, en el sistema de coordinación de todas las autoridades sanitarias, con el que se pretende proteger la salud de las personas, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido del derecho al libre tránsito.
“Aunado a que el sistema de coordinación de todas las autoridades sanitarias, donde la máxima autoridad es el Consejo de Salubridad General, cada autoridad, de cualquier nivel de gobierno, conserva sus propias facultades y competencias para combatir una declaratoria de emergencia epidemiológica”, concluyó el juzgador.
Apenas este lunes El Sol de México adelantó que un tribunal determinó que el aislamiento obligatorio en Michoacán puede continuar y no ser suspendido, pues se trata de una medida que busca proteger el interés colectivo y reducir la tasa de contagios de Covid-19 en el estado.
Con su resolución, los magistrados de circuito dieron la razón al gobierno de Silvano Aureoles para mantener el confinamiento que, a decir de abogados, defensores de derechos humanos y un juez de distrito, viola la Constitución e invade competencias federales.
