Gómez Palacio, Durango.- Como entidad pública, tenemos la responsabilidad de construir un organismo que sale de cero, pero para ello tenemos un tiempo para fortalecer las actividades que esto implica, la renta de un local y contratar personal y por supuesto capacitarlo, además de revisar el marco jurídico y proponer algunas reformas en el ámbito legislativo.
Esto lo dijo el fiscal anticorrupción Héctor García Rodríguez, quien tomó posesión desde enero, pero que oficializa su cargo dentro de un mes por razones de logística, pero a pesar de ello realiza una labor sustantiva, sin recibir denuncias.
Trabajaremos en bien de la ciudadanía bajo sistemas de transparencia, honestidad y respeto
Fiscal Anticorrupción
Pero insisto, en un periodo de 30 días, habremos de abrir nuestras puertas para recibir las primeras denuncias de manera formal; actualmente se trabaja en orientación y dando asesoría a las personas que lo han pedido, y si bien es cierto, no tenemos carpetas de investigación, si tenemos fácilmente medio centenar de personas esperando que iniciemos funciones. Para operar, se requieren alrededor de 80 millones de pesos anuales presupuesto, expresó.
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La Fiscalía Anticorrupción al momento que entre en vigor, tomará de la Fiscalía General, 21 de los 121 delitos que se conocen en México, “entonces estamos nosotros listos para tratarlos, los que por supuesto serán nuestra competencia y que tendremos que actuar bajo legalidad y respeto”.
Los delitos se convierten en dos capítulos del código penal, uno de ellos se refieren a los cometidos por hechos de corrupción, que son la intimidación, el enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita, incumplimiento ejercicio indebido y abandono del servicio púbico, tráfico de influencias, negación del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, uso ilegal de la fuerza pública y abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, y ejercicio abusivo de funciones.
También se tiene el conocimiento de otro capítulo, que se refiere a los delitos cometidos en la administración de la justicia, contra la adecuada impartición de justicia cometidos por servidores públicos, delitos en el ámbito de procuración de justicia, omisión de informes médicos forenses, delitos cometidos durante la ejecución penal y evasión de presos y por último el quebrantamiento o penas no privativas de la libertad y medidas de seguridad.
Todo ello, comentó el Fiscal Anticorrupción, obvio que deberán ser regulados por el Congreso.
