Las colectivas Activistas Feministas de La Laguna y Justicieras por Nuestras Infancias, comprometidas con la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres en situación de violencia, han emitido un comunicado de prensa en el que expresan su profunda preocupación por las denuncias y testimonios que involucran a estudiantes de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza.
Para estas colectivas, los hechos que han salido a la luz pública, en los que estudiantes se han manifestado como víctimas, son motivo de gran inquietud. Aunque reconocen que aún falta por conocerse más información, consideran que lo que ya ha sido declarado por el alumnado apunta a la presencia de abusos de autoridad educativa, discriminación, coerción, acoso, hostigamiento, abuso sexual, amenazas, tratos humillantes y cobros indebidos de inscripción, entre otros.
Estas acciones han creado un ambiente inaceptable, especialmente para jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, en una institución educativa sostenida con fondos públicos y perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila. Por esta razón, las colectivas instan a las autoridades competentes, tanto dentro como fuera de la UAdeC, a llevar a cabo una investigación exhaustiva y urgente.
En virtud de que se trata de menores de edad que afirman haber sufrido violaciones a sus derechos, presuntamente perpetradas por miembros del personal docente, se hace un llamado enfático a las autoridades para que intervengan de manera inmediata, sin dilaciones. Se destaca la obligación reforzada del estado en la protección de este grupo etario, teniendo en cuenta su vulnerabilidad y su etapa crucial de desarrollo.
Las colectivas también exigen:
1. Emitir una orden de alejamiento para las personas señaladas como agresoras, incluyendo a aquellos que ya no trabajan en la institución pero que han sido vistos en las instalaciones.
2. La separación del cargo de la directora de la Preparatoria Venustiano Carranza, Jessica N, mientras se llevan a cabo las investigaciones.
3. La intervención de PRONNIF y la Fiscalía para brindar acompañamiento psicológico a las personas afectadas, además de mantener una presencia constante en las instalaciones hasta que se resuelvan las acusaciones.
4. Coordinación entre las distintas instancias de gobierno para abordar el conflicto y detener el daño que ya se ha causado a los menores de edad.
5. Apoyar y proteger la iniciativa de los estudiantes que firmaron para llevar a cabo un referéndum y solicitar la destitución de Jessica N, reconociendo su valentía y organización.
En última instancia, las autoridades deben cumplir con su obligación de investigar, procurar justicia, sancionar conforme a derecho, reparar el daño y garantizar que situaciones similares no se repitan.
Por último, las colectivas Activistas Feministas de La Laguna y Justicieras por Nuestras Infancias explican que seguirán atentas al desarrollo de este y los demás casos, además de continuar abogando por la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situaciones de violencia.
