/ martes 28 de marzo de 2023

Cámara de Diputados turna a comisiones iniciativas sobre minería y espacio aéreo

Una iniciativa en materia administrativa también fue enviada a las comisión correspondiente para su análisis

El Pleno de la Cámara de Diputados fue informado de la recepción de tres iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las concesiones mineras y agua, protección del espacio aéreo mexicano y una más en materia administrativa, las cuales fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.

La iniciativa sobre concesiones mineras fue enviada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen y, a las de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión, en materia de concesiones para minería y agua.

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El objetivo del Ejecutivo federal es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano que son del dominio directo de la nación.

Además, pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, con la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Entre los cambios que propone el dictamen están eliminar el esquema de terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera, y el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.

Establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera, fija la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión minera, incorpora un capítulo de delitos, con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería.

Asimismo, establece la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería que quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual término.

De igual forma, amplía las causales de revocación de la concesión de agua, pues no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; se crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y faculta la regulación de gestión de residuos, además limita la disposición final de residuos.

Por otro lado, el ejecutivo también envió una iniciativa con proyecto de decreto, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Aeropuertos, y de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.

Con este dictamen se busca fortalecer el marco jurídico del Estado mexicano para garantizar el efectivo ejercicio de su soberanía y la integridad de su espacio territorial aéreo, así como la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas para hacer uso de éste.

En ella se plantea armonizar el marco jurídico administrativo de conformidad con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, publicada el 1 de marzo de 2023, en donde especifica las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.

Además, crea el Servicio de Logística Aérea para proporcionar apoyo logístico a organismos aéreos, incorpora el Servicio de Material Aéreo Electrónico, e instituye el Servicio de Material Bélico de Fuerza Aérea, con el fin de profesionalizar al grupo encargado del armamento aéreo. Se canalizó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Defensa Nacional.

La tercera iniciativa en materia administrativa se envió a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población, con el propósito de dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés general, público y social.

Se busca hacer efectivos los derechos fundamentales como el medio ambiente sano, acceso al agua, a la conservación y mejoramiento del hábitat y preservación de la integridad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, y garantizar el disfrute de los bienes comunes, hacer prevalecer el interés público, general, social y la seguridad nacional, así como el fortalecimiento de la soberanía.

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También corregirá actos emitidos en contravención a la ley, así como revertir aquellos que han dejado de cumplir con los fines para los que fueron previstos, salvaguardar y prevenir desviaciones de los recursos públicos, fortalecer la rectoría del Estado y, en consecuencia, la capacidad de actuación de las dependencias del gobierno Federal en la ejecución de las políticas públicas a su cargo.

Dota al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos, y resguarda los intereses de la nación, esto es la recuperación del Estado como garante de derechos.

El Pleno de la Cámara de Diputados fue informado de la recepción de tres iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las concesiones mineras y agua, protección del espacio aéreo mexicano y una más en materia administrativa, las cuales fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.

La iniciativa sobre concesiones mineras fue enviada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen y, a las de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión, en materia de concesiones para minería y agua.

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El objetivo del Ejecutivo federal es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano que son del dominio directo de la nación.

Además, pretende regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, con la finalidad de proteger los derechos humanos al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación y el derecho de los pueblos originarios a la preservación de sus territorios.

Entre los cambios que propone el dictamen están eliminar el esquema de terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera, y el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.

Establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera, fija la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión minera, incorpora un capítulo de delitos, con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería.

Asimismo, establece la figura de la concesión de agua para uso específico en minería, con el propósito de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería que quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual término.

De igual forma, amplía las causales de revocación de la concesión de agua, pues no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; se crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y faculta la regulación de gestión de residuos, además limita la disposición final de residuos.

Por otro lado, el ejecutivo también envió una iniciativa con proyecto de decreto, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Aeropuertos, y de Aviación Civil, en materia de protección del espacio aéreo mexicano.

Con este dictamen se busca fortalecer el marco jurídico del Estado mexicano para garantizar el efectivo ejercicio de su soberanía y la integridad de su espacio territorial aéreo, así como la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas para hacer uso de éste.

En ella se plantea armonizar el marco jurídico administrativo de conformidad con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, publicada el 1 de marzo de 2023, en donde especifica las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano.

Además, crea el Servicio de Logística Aérea para proporcionar apoyo logístico a organismos aéreos, incorpora el Servicio de Material Aéreo Electrónico, e instituye el Servicio de Material Bélico de Fuerza Aérea, con el fin de profesionalizar al grupo encargado del armamento aéreo. Se canalizó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Defensa Nacional.

La tercera iniciativa en materia administrativa se envió a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Gobernación y Población, con el propósito de dotar a la Administración Pública Federal de instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés general, público y social.

Se busca hacer efectivos los derechos fundamentales como el medio ambiente sano, acceso al agua, a la conservación y mejoramiento del hábitat y preservación de la integridad de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, y garantizar el disfrute de los bienes comunes, hacer prevalecer el interés público, general, social y la seguridad nacional, así como el fortalecimiento de la soberanía.

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También corregirá actos emitidos en contravención a la ley, así como revertir aquellos que han dejado de cumplir con los fines para los que fueron previstos, salvaguardar y prevenir desviaciones de los recursos públicos, fortalecer la rectoría del Estado y, en consecuencia, la capacidad de actuación de las dependencias del gobierno Federal en la ejecución de las políticas públicas a su cargo.

Dota al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos, y resguarda los intereses de la nación, esto es la recuperación del Estado como garante de derechos.

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