Durango, Dgo (OEM). - Joel Corral Alcántar, diputado local, emitió un posicionamiento sobre el uso responsable del agua, un recurso vital que está escaseando rápidamente en todo el mundo. Lamentablemente, se ha informado de manera preocupante que actualmente el 99 por ciento de los organismos operadores de agua están financieramente quebrados.
Según información del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, esta situación lamentable se debe a la falta de adecuados sistemas de recaudación y la ausencia de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores, lo que se traduce en una pérdida para el erario federal de más de 100 mil millones de pesos anuales.
“A pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha alcanzado niveles históricos para obras de infraestructura, pasando de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones para este año, el problema del abasto eficiente de agua, sumado a la intensa sequía que enfrenta el país, es multifactorial y resultado del rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país generado en las últimas administraciones federales”.
Corral Alcántar mencionó que, según información de los propios organismos, solo se recaudan 17 mil 500 millones de pesos anuales, lo que representa el 28 por ciento del presupuesto federal de la Conagua para la prestación del servicio. “De las 3 mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, 2 mil 500 no operan eficientemente y mil 330 están apagadas o fuera de servicio, lo que indica un desperdicio de grandes volúmenes de agua que podrían utilizarse en la agricultura e industria, donde se consume más del 82 por ciento del agua en el país”.
El diputado señaló que se enfrenta una cultura del no pago debido a que el acceso al agua se considera un derecho humano que no puede restringirse, a pesar de los costos asociados con el bombeo, potabilización y conducción del suministro a los hogares del país. Expresó su preocupación por la reducción de los subsidios del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) de 14 mil millones de pesos en 2016 a solo mil 950 millones de pesos, destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable proporcionados por los organismos operadores municipales en zonas urbanas y rurales.
Este recorte presupuestario, según Corral Alcántar, podría limitar los proyectos de inversión para la gestión y dotación eficiente del agua, un asunto que, siendo un derecho humano, debe considerarse como una prioridad nacional.
