No se descarta que las pruebas antidoping que periódicamente y por ley se aplican tanto a policías municipales como a agentes de tránsito como parte de las evaluaciones en materia de control y confianza, puedan llegar a hacerse extensivas a servidores públicos adscritos a distintas dependencias del Ayuntamiento de Torreón, especialmente aquellas que tengan alguna relación con las tareas que a favor de la seguridad y el orden atiende el gobierno que preside el alcalde Román Alberto Cepeda González.
Por lo menos, se trata de una posibilidad que está contemplada dentro de una propuesta que ya han esbozado tanto el propio Alcalde como la presidenta de la Comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil del Cabildo, Ana Luisa Cepeda Álvarez, según lo confirmó la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez.
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Por principio, dio a conocer que aún habrá que esperar a que se conozcan los resultados de las pruebas toxicológicas a las que se sometieron los policías y los agentes de tránsito de Torreón en un proceso en el que, destacó, se realizó bajo la cercana observación de la sociedad civil a través de los Consejos Consultivos de Seguridad y de Vialidad en calidad de testigos, y anticipó que en su oportunidad se harán públicos de manera transparente.
Aclaró que por el momento este tipo de exámenes que están a cargo del Centro de Control y Confianza son nada más para los policías y agentes que están obligados a que se les practiquen por estar considerados dentro de una licencia colectiva de portación de armas, sin embargo “el Alcalde tiene unas propuestas para poder hacer que todos quienes participen en temas de seguridad se los puedan hacer, al igual que la regidora presidenta de la Comisión de Inspección y Verificación que quiere abrirlos también a otras áreas”.
Luego de que este tipo de exámenes en la anterior administración llegaron a aplicarse a trabajadores del SIMAS, la funcionaria manifestó que actualmente no hay nada que faculte a las autoridades municipales para realizarlos directamente al interior de las dependencias.
Para ello en todo caso primero habría que darle cauce a la propuesta que ya de manera preliminar se ha puesto sobre la mesa, en el entendido de que, si al final se toma la decisión de hacerla efectiva, el acuerdo se haría público ya que no se buscaría en lo absoluto actuar sin previo aviso.
“No es una situación que queramos hacerlo como factor sorpresa para desarticular absolutamente a nadie”, agregó, además de que hizo notar que ya en la actualidad cualquier servidor público que llegue a cometer alguna irregularidad puede ser turnado a Contraloría Municipal para que se sujete a los procedimientos que ya están establecidos para ello.
De acuerdo con la Secretaria del Ayuntamiento, aún debe trabajarse en el análisis integral de lo que se propone para ver si es posible ampliar la aplicación de las pruebas toxicológicas, y en todo caso establecer bajo qué esquema sería, miso que implicaría modificar los reglamentos y, desde luego, revisar la parte económica, ya que los exámenes de control y confianza integrales tienen un costo un tanto elevado, que en lo individual pueden oscilar entre los cuatro mil 500 y los seis mil pesos.
