Torreón, Coahuila.- Al menos en Torreón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), registra seis casos de padres de familias que han presentado su queja al solicitar la devolución por concepto del pago de colegiaturas de sus hijos, correspondiente al Ciclo escolar 2020-2021; esto, debido pagaron de manera puntual meses antes de azotar la pandemia del Covid-19.
La oficina de atención ubicada en Torreón por parte de Profeco, sostuvo que en esta Zona Metropolitana sí se han presentado quejas de padres de familia que solicitan la devolución de las inscripciones que pagaron en meses anteriores a razón de que sus hijos ya no estarán en los colegios en cuestión.
Así mismo, dieron a conocer a través de un comunicado oficial, de oficinas centrales, se hizo la recomendación de que se llegara a buenos términos a través de conciliar entre los padres de familia y las instituciones de educación donde se presenten las quejas e inconformidades.
En este mismo sentido, dieron a conocer que a partir del nuevo enfoque pedagógico derivado de la pandemia del Covid-19, que implica un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la presencial, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace un llamado a padres de familia e instituciones educativas a conciliar pagos de colegiaturas e inscripciones, de acuerdo con el esquema que cada escuela impartirá.
Cabe señalar que la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que las escuelas particulares utilizan para el cumplimiento de su objeto.
También es importante subrayar que la ley no permite a la Profeco establecer precios en ningún producto o servicio, por lo que se insiste a las partes interesadas a convenir los pagos. El Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, aplicable a las escuelas privadas de educación básica y media superior, obliga a los prestadores de servicios educativos a informar por escrito todo lo relacionado con sus servicios, previo a la inscripción, para cada ciclo lectivo.
