Torreón, Coahuila. - Aún se desconocen los lineamientos específicos que tendrán que atender el gobierno municipal para poder cumplir con las obligaciones contemplad en la Ley Nacional para la creación y operación del Registro Nacional de Detenciones, cuya instrumentación en el ámbito local deberá ser sustentada con la asignación de recursos federales, declaró el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván.
Afortunadamente, dijo, la ley contempla que en los ámbitos municipales dicho registro tendrá que comenzar a operar a través de las policías preventivas hasta abril del 2021, de manera que aún hay tiempo suficiente para realizar los trabajos preparatorios con ese fin.
Reconoció como positivo y justificado este proyecto que le apuesta prevenir la violación de los derechos humanos de las personas detenidas, así como casos de tortura y otros tratos crueles, al crear una plataforma de información que permita registrar de manera puntual el lugar y los motivos de cada detención que se realice dentro del territorio nacional.
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Cabe señalar que por lo que se refiere a detenciones relacionadas por delitos federales el registro debió haber comenzado a funcionar desde el pasado 23 de noviembre, mientras que por lo que respecta a ilícitos del fuero común, la fecha es el 1 de abril del 2020, y para casos de carácter administrativo, de competencia municipal, el 1 de abril del 2021.
Por lo que a Torreón y a los municipios en general respecta, Lara Galván comenta que “aquí necesariamente se tiene que llevar a cabo la capacitación correspondiente para que los agentes preventivos conozcan las formas y formatos que hay que llenar, y por otra parte también el equipamiento”.
Dijo que en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se hizo por parte de la administración municipal la observación en el sentido de que “son muy buenos los proyectos como este, pero también ocupan recursos y al momento en que pretendían rebajar los presupuestos en materia de seguridad pública también limitaban la operación de los mismos”.
Por tanto, falta ver cómo es que se resolverá la necesidad los recursos con los que se va a apoyar a los municipios para llevar a cabo este ordenamiento, algo que “es realizable pero se ocupa también el presupuesto necesario para llevarlo a cabo, y la federación lo debe aportar”.
