Los resultados de las auditorías practicadas a diversas dependencias municipales y organismos descentralizados, así como las conclusiones del seguimiento que el año pasado se dio a la ejecución de un total de 233 obras públicas, fueron puestos a consideración de integrantes del Cabildo por el titular de la Contraloría Municipal, Miguel Ángel Zúñiga Chávez.
De esta manera cumplió con su objetivo una reunión de trabajo que el funcionario sostuvo con las y los ediles que integran la Comisión de Contraloría que preside al interior del Cabildo la regidora Ana Luis Cepeda Álvarez.
Ahí, se explicó que el objetivo de las auditorías que normalmente se realizan en las dependencias públicas está orientado a verificar que se cumpla con lo que marca la legislación en materia de licitaciones, procedimientos y obra pública.
Zúñiga Chávez, mencionó que las dependencias y organismos que se sometieron a la revisión interna correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023 fueron Obras Públicas, Tesorería Municipal, Pensiones, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Instituto Municipal del Deporte (IMD), Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), y Ventanilla Universal, esta última perteneciente a la dirección de Desarrollo Económico.
Mencionó que en la auditoria a la dirección de Obras Públicas correspondiente al ejercicio 2022 se revisó la adecuada aplicación de los Fondos Municipales en 208 obras y en el SIMV 57 obras, con un total de 265 obras auditadas.
Del ejercicio 2023 dijo que se dio seguimiento a la ejecución de 233 obras realizadas por ambas direcciones en las que se revisó la aplicación de recursos federales y municipales.
Por reglamento la Contraloría Municipal tiene las facultades para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos por parte de las dependencias y organismos, es así que en cumplimiento de su función se emprendieron las acciones correspondientes para los ejercicios 2022 y 2023.
El contralor agregó que se desincorporaron 128 unidades vehiculares que ya no eran aptas para el servicio, así como mil 543 bienes informáticos que ya cumplieron con su vida útil.
