Dentro del Informe Anual de Resultados 2021 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se encontraron irregularidades no solventadas por 6 mil 706 millones de pesos, dentro de los que destaca el municipio de Torreón por el número de observaciones no atendidas y por un monto mayor que no se dio a conocer en forma específica.
En una situación similar a Torreón, se encuentran los municipios de Matamoros, Parras de la Fuente y Ciudad Frontera, destacó en la presentación de dicho informe Manuel Ramírez Briones, titular de la ASE, quien además le dejó algunas tareas al Congreso en materia de reformas legales en cuestión de fiscalización y para la creación de una Ley de Juicio Político.
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Detalló que este informe se sustenta en mil 797 auditorías a todos los entes que reciben recursos públicos y que no comprobaron el ejercicio de esos recursos.
Sobre el monto de los 6 mil 706 millones de pesos, indicó que ahora sigue un análisis jurídico y contable, para definir las faltas administrativas no graves, que se turnan a los órganos internos de control y los delitos penales a la Fiscalía General Anticorrupción y, en su caso, al Congreso del Estado, cuando se requiera iniciar un juicio político.
Dijo que lo anterior es en virtud de que la ASE no tiene facultades para aplicar sanciones, pues sólo fiscaliza, investiga y presenta las denuncias.
De la cantidad total de recursos no solventados, mil 489 millones de pesos corresponde a los municipios que son del último año de las anteriores administraciones.
En su presentación, el titular de la ASE emitió recomendaciones al Congreso del Estado para que inicien algunas reformas al marco legal, que permitan mejores resultados en la fiscalización y aplicación de sanciones.
Destaca la necesidad de una Ley de Juicio Político, porque la norma anterior está en la Ley de Responsabilidades a los Servidores Públicos y en su mayoría fue abrogada, al entrar en vigencia una ley federal sobre la materia.
Pide abrogar la Ley de Unidad de Cuenta, porque ya hay una regla federal y esto genera confusiones; recomienda crear la Defensoría Pública de Oficio en materia de Responsabilidades Administrativas, para asesorar a los servidores que enfrenten denuncias por faltas no graves o delitos penales.
También recomienda que los regidores informen sobre los recursos que reciben, para realizar actividades de las comisiones en las que participan.
Otra reforma que piden es que se pueda dar seguimiento a las sanciones que aplican los órganos internos de control, por faltas administrativas no graves y precisar que, en caso de reincidencia, la sanción debe ser más contundente y ejemplar.
Destacó que en la cuenta pública del el 2020 las observaciones no solventadas fueron superiores a las del 2021 por haber sido por 8 mil 191 millones de pesos.
