Torreón, Coahuila.- Un total de 92 quejas ciudadanas en contra de servidores públicos ha captado en lo que va del presente año la Contraloría Municipal a través de la Unidad de Asuntos Internos, lo que dio lugar al desarrollo de procesos que terminaron con la aplicación de sanciones que incluyeron desde suspensiones temporales sin goce de sueldo hasta despidos definitivos para un total de 20 personas, en su mayoría policías.
De las 20 sanciones que se aplicaron 18 se hicieron efectivas precisamente en contra de elementos de Seguridad Pública, de los cuales entre 10 y 12 fueron separados de manera definitiva de su trabajo, según lo dio a conocer el contralor municipal Miguel Ángel Zúñiga Chávez como parte de un informe que presentó al comparecer ante integrantes del Cabildo.
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Fue durante la octava sesión de trabajo de la Comisión de Contraloría que preside en el Cabildo la regidora Ana Luisa Cepeda, que el funcionario dio cuenta de lo anterior, al explicar que durante los meses de enero a agosto Asuntos Internos atendió a un total de 560 ciudadanos que aunque planteaban inconformidades ante la actuación de servidores públicos, en su mayoría finalmente quedaron satisfechos luego de desahogarse sendos procedimientos de conciliación.
Fue así como al final se recibieron sólo 92 llegaron a formalizar sus respectivas quejas, de las cuales 49 corresponden a policías municipales, 36 a agentes de tránsito, tres a servidores del Tribunal de Justicia, dos a personal de Inspección y Verificación, una a Bomberos y una a Autotransporte.
Zúñiga Chávez hizo saber que por otra parte, la Contraloría recibió de manera directa otras 25 quejas y denuncias en contra de servidores públicos involucrados en presuntos casos de malos tratos, conflicto de intereses, abusos de autoridad y hasta acoso sexual, entre otras cosas.
Aclaró que en relación con estos asuntos, a excepción del caso de acoso sexual que ya fue denunciado ante el Ministerio Público, los procesos correspondientes aún están en curso, de manera que aún no se determina el tipo de sanciones que habrán de hacerse efectiva si es que se acreditan las acusaciones, en el entendido de que antes los servidores públicos señalados han tenido la oportunidad de argumentar lo que a su derecho corresponda.
