Aun cuando las cifras correspondientes hacen evidente que queda todavía mucho trabajo por nacer al respecto, es un hecho que en el transcurso de los últimos años en Coahuila se ha contenido el crecimiento de la incidencia de violaciones a los derechos humanos que dan lugar a la formalización de quejas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales Valdés, manifestó lo anterior luego de dar a conocer que la institución espera cerrar el 2022 con la recepción y atención de alrededor de dos mil quejas, cifra muy similar al promedio de los años anteriores a partir del 2019, así como con la emisión de 71 recomendaciones, cantidad en la que tampoco se advierte un incremento.
El comportamiento observado en los datos estadísticos lo atribuyó en parte a que la Comisión ha procurado generar procesos de capacitación continua en diferentes corporaciones, y eso ha contribuido a que se vayan reduciendo los índices.
Además, “hemos no solamente buscado que se generen estos procesos de capacitación, sino que cuando se llega a recomendar venga acompañado también de garantías de no repetición, y esto es sí capacitar, pero también dar continuidad para mantener ese conocimiento en los elementos, y que a la postre del tiempo no se vuelva información que solamente sirvió para pasar un examen, o para cumplir un requisito, sino que verdaderamente lo ejerciten”.
Morales Valdés refiere que las cerca de dos mil quejas que ha recibido la CDHEC este año se han traducido hasta la fecha en más de 600 conciliaciones realizadas entre autoridades y personas agraviadas, y por otro lado se han generado 70 recomendaciones, a las que esta misma semana se espera se sume una más.
Asimismo, hizo saber que se mantienen como las autoridades con la mayor incidencia de quejas y recomendaciones la Fiscalía General del Estado, las Policías Municipales en su conjunto y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.
Cabe señalar que las tres principales voces o motivos de las quejas atendidas por la institución son las detenciones arbitrarias, cateos ilegales y lesiones, seguidas por señalamientos de dilación en los procesos de investigación que se atribuyen exclusivamente a la Fiscalía.
