La última vez que Diana Félix vio a su hija fue la tarde del 2 de noviembre de 2016. Por la noche, Ana Karen realizaría un rosario al que mamá no pudo asistir. Ninguna de las dos sabía que era la última vez que estarían juntas.
Al siguiente día, cuando Diana salía de su domicilio en Jacarandas para dirigirse al trabajo, recibió una llamada de su hermana, quien vivía a la vuelta de casa de Karen, para avisarle que su nieta se encontraba con ella: huyó de su casa porque su padrastro había abusado sexualmente de ella.
“Yo quería volar en mi carro, llegar por mi nieta. Cuando llego al domicilio de mi hermana la vi completamente hecha bolita y lo primero que hice fue abrazarla fuerte, luego me fui a la Procuraduría a levantar un acta y que fuera revisada por el médico legista; le preguntaba a la niña, ¿dónde está tu mamá? pero me decía: No sé abuela, se salió”.
Diana solo respiró profundo y trató de esperar con paciencia mientras el médico legista realizaba la revisión pertinente, entonces recibió la llamada de una sobrina que le daría la peor noticia de su vida; habían encontrado a Ana Karen sin vida: “El golpe más duro de mi vida, tener a mi nieta con un médico legista por ser abusada y saber que mi hija estaba tirada en su casa ya muerta”.
La casa era de dos plantas y la niña lo único que relató en ese momento fue que ella se encontraba arriba, atada, y que su padrastro había abusado de ella; de acuerdo al informe legista no hubo rasgos de violación, pero si se cometió un abuso. Ana Karen también estaba atada, pero en la planta baja y por ello la niña no la vio, sólo logró soltarse y corrió a buscar a su tía abuela.
“Cuando me avisaron del hallazgo del cuerpo de mi hija yo estaba en el Centro de Justicia de la Mujer y de inmediato me llevó gente de ahí mismo al domicilio; todavía estaba ahí tirada pero ya había mucha gente, familia, vecinos y estaba todo acordonado, no me dejaron pasar a verla. Llegó el Semefo y solo pude ver cuando la sacaron en una bolsa negra”, dijo llorando.
Ana Karen fue asesinada por su pareja a los 27 años de edad, la asfixió y posteriormente la apuñaló ocho veces. Era una joven hermosa, alegre y gustaba de convivir con la gente. Dejó a una hija de 10 años que ahora ya está por cumplir la mayoría de edad; la amaba profundamente, siempre estaba con ella y trabajaba arduamente en un salón de belleza porque quería darle una mejor vida a su pequeña que en ese tiempo cursaba el cuarto grado de primaria.
Jorge Armando, el presunto feminicida, era originario de Puebla y tenía una relación con ella, aunque no era el padre de su hija. Diana sabía que tenían problemas y peleas, pero consideraba que era hasta cierto punto normal; tras el feminicidio de Karen, encontró su celular y fue cuando se enteró de lo que le hacía al encontrar fotografías que ella se tomaba con golpes en diferentes partes de su cuerpo: “Creo que las tomaba porque llegó a pensar en actuar en su contra, pero finalmente no se animaba; nunca la vi así porque quizá se maquillaba muy bien, se dedicaba a la belleza y sabía muy bien cómo hacerlo”.
Asume que fue un error no detectar otras señales de alerta en el comportamiento de su hija, que le hicieran sospechar que estaba siendo víctima de violencia. Karen estaba cambiando su forma de ser, se fue apagando, la notaba triste, seria y distraída: “Incluso si llegó un momento que llegó a decir que ya no quería estar con él y se separaban y regresaban con frecuencia. Yo si veía que ella ya no estaba a gusto en esa relación y no sé si ya le había comentado a él, pero sí supe que ya no quería estar ahí, pero jamás imaginé lo grave de la situación que estaba viviendo”.
Tanto Diana como su nieta se han sometido a terapias para poder manejar el duelo y el trauma, pero la joven tiene muchos altibajos. Se fue a vivir con la abuela quien siempre ha visto por ella, sigue estudiando y está por concluir la preparatoria.
“Es obvio que todavía le duele mucho la ausencia de su madre, igual que a mí, pero tratamos de darnos el consuelo y el amor que necesitamos; es un dolor que a donde quiera que vayamos nos va a seguir y que estará toda la vida, porque el tiempo nos va enseñando a vivir con este dolor pero no se supera”.
No hay justicia
Familias como la de Diana tienen que enfrentarse a lo complicado de un proceso legal y al miedo de que el agresor regrese a hacer más daño. El feminicida y abusador de su hija sigue libre, la orden de aprehensión en su contra fue girada seis meses después.
“Andaba como si nada caminando libremente y me hablaban para decirme cuando lo veían, traté de encontrarlo pero no pude; estaba resguardada la casa de mi hija según para seguir buscando pruebas, pero yo a la primera oportunidad que tuve y entré, encontré el cuchillo con el cual la mató y su celular debajo de un sillón ¿Qué estuvieron haciendo entonces las autoridades?”.
El pasado 3 de noviembre se cumplieron siete años de este feminicidio y no hay rastros del presunto culpable.
“No sabemos nada de él, sigue prófugo y no tenemos justicia hasta el día de hoy; nos han dicho que han ido a buscarlo cuatro veces a Puebla y nos dicen que supuestamente ya está muerto, pero yo como madre exijo evidencias que me comprueben que efectivamente es así porque no estoy tranquila y no sé si el día de mañana pueda regresar, tememos por nuestra seguridad”.
Diana dijo que gracias a las Madres Poderosas, a las que lamentablemente cada vez se unen más, que me han logrado un poco más de atención por la presión y el trabajo que realizan, pero aún falta mucho por hacer por parte de las autoridades.
Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su Título II, Capítulo V, habla de las acciones para enfrentar la violencia feminicida y quiénes deberán llevarlas a cabo; establece dos acciones que son la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y la reparación del daño que contempla en su Artículo 26 que: “El Estado Mexicano deberá resarcir el daño conforme con los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: a) El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables”
“Entre las medidas que deberán adoptarse para la reparación del daño se encuentran: La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; la verificación de los hechos y la publicación de la verdad.
El dolor las unió para luchar por justicia
Con el dolor de haber perdido a su hija víctima de un feminicidio, María Elena de la Fuente decidió secarse las lágrimas y seguir adelante para buscar justicia; Cecilia Eguía de la Fuente, murió estrangulada por su ex esposo Édgar el 2 de octubre de 2014.
Esto la llevó a una camino inesperado, pero a fin de cuentas satisfactorio; no sólo logró después de años de lucha hacer justicia y que el feminicida de su hija tuviera una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, sino que en ese proceso de búsqueda creó el colectivo “Madres Poderosas de La Laguna”, en el cual apoyan a otras mujeres en la misma situación.
No solo ofrecen contención, apoyo moral, unidad y fuerza de todas las madres, también acompañamiento en los procesos legales; se han dedicado durante casi 9 años a exigir más y mejores protocolos de actuación de las autoridades, a brindar información y orientación, así como concientizar a la sociedad sobre la violencia de género.
María Elena perdió a su hija y quedó a cargo de sus nietos que ahora son adolescentes, pero ha luchado incansablemente por sacarlos adelante con solo una pensión; son justamente las dificultades que ha enfrentado, las que la hacen trabajar más en el colectivo para poder ayudar a otras personas.
“Nadie se espera que la vida te sorprenda de esta manera, así que cuando me pasó no sabía qué hacer, a dónde ir ni dónde buscar ayuda; empecé a buscar en todos lados y me di cuenta de lo necesario que es tener la información y asesoría adecuada, porque no te dicen nada las autoridades aunque realmente es su obligación indicarnos los detalles y derechos que tenemos como la defensoría gratuita de la Comisión de Víctimas, pero no te lo dicen”, comentó.
En su momento, no la orientaron adecuadamente y cremaron el cuerpo de Cecy, lo cual impidió determinar de inmediato la culpabilidad de su ex pareja; esto generó gran impotencia y coraje en la familia que solo deseaba justicia, pero que por dicha omisión, complicó el proceso y se alargó por años. Édgar, quien era el principal sospechoso, pese a confesar su crimen obtuvo un amparo que lo dejó en libertad el 14 de julio de 2015, por lo que no cumplió ni 12 meses en el Cereso de Torreón.
Tras 9 años de lucha por parte de la madre de Cecy que a su vez había iniciado labores con las Madres Poderosas, en marzo de 2023, la Fiscalía General del Estado de Coahuila obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, siendo la pena máxima por el delito de feminicidio.
Fue precisamente la lentitud del proceso, inconsistencias y falta de información sumada a la desesperación de las madres, lo que llevó a María Elena a unirse con Rosa María Rocha que también acababa de perder a su hija, víctima de feminicidio y tras una marcha del 25 de Noviembre, comenzaron a platicar con líderes feministas como la Red de Mujeres de La Laguna e Incide Femme sobre cómo conformar el grupo para trabajar en favor de esta causa.
En poco tiempo comenzaron a llegar más víctimas y aunque todavía no tenían tanto conocimiento y seguían con las luchas propias, aceptaron el reto de conformar el grupo porque también pudieron constatar que unidas lograban mejores resultados.
Lograron ser tomadas en cuenta para reuniones y poder dialogar con las autoridades involucradas, para poder hacer peticiones que consideran necesarias y mejorar los procesos en este tipo de casos.
Mediante el acompañamiento dan a conocer a las víctimas el derecho a acudir a la Comisión de Víctimas para conseguir un defensor de manera gratuita, el procedimiento para acudir directamente a los juzgados familiares y solicitar la custodias de los menores que quedaron en indefensión, los protocolos que se deben seguir para la investigación del caso o para poder solicitar la tipificación como feminicidio en caso de que no se haya hecho de esta manera: además, darles a conocer cómo hacer el trámite de apoyos económicos a los que pueden tener acceso, entre otras acciones en las que puedan necesitar información o acompañamiento.
“Todavía nos falta mucho, hemos logrado avanzar pero aún es necesario trabajar mucho y lograr cosas como mejores y más actualizados protocolos para la atención a víctimas, la agilización de los procesos o en casos como la reparación total del daño, que ahí sí estamos todavía muy atrasados; solo una persona accedió a este beneficio y se le otorga en pagos porque aseguran que no hay recursos”.
De las 23 víctimas que hay en el colectivo, 19 lograron la sentencia en sus respectivos casos, lo cual representa un avance para las Madres Poderosas; quedan 4 pendientes en las cuales ya se trabaja, pero de esas 20 sentencias, solo un padre de víctima fue indemnizado con un porcentaje de lo acordado para la reparación y el resto se dará en pagos. El argumento que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les ha dado es que no cuentan actualmente con recursos, debido al pago de indemnizaciones a familias de víctimas por desaparición forzada.
La reparación del daño es un derecho de las víctimas u ofendidos que determina el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de 2011. También en el Artículo 30 del Código Penal Federal se establece como la restitución, indemnización y resarcimiento al delito. En la Ley General de Víctimas abarca medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición; de igual forma lo consideran leyes generales y locales de protección a víctimas de delitos y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Violencia de género un problema gradual
Las instituciones públicas también han dado pasos en el apoyo a las mujeres violentadas y por ello se ha generado un incremento de denuncias en los últimos años. El informe del Banco Estatal de Datos sobre Violencia en contra de las Mujeres y Niñas de Coahuila (Banesvim), indica que hasta septiembre de 2023, se presentaron 4 mil 371 casos de violencia en la región Lagunera, denunciados a través de diferentes dependencias; 3 mil 070 en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, 2 mil 697 en Torreón y 373 en Matamoros.
La segunda institución con mayor cantidad de denuncias por violencia es la Fiscalía General del Estado con mil 062, de las cuales 857 son de Torreón, 107 en Matamoros, 88 en San Pedro y 10 en Francisco I. Madero; el resto son el Tribunal Superior de Justicia con 104, Secretaría de Seguridad Pública con 57, Pronnif con 48 y la Secretaría de Salud con 30 casos.
Ante está situación, en el Congreso del Estado de Coahuila, la diputada local por el Distrito 13, Luz Elena Morales, trabaja con el fin de avanzar en este tema y ha presentado diferentes propuestas. El pasado 24 de octubre del presente año, se dio un paso crucial en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres coahuilenses, con la aprobación en el congreso de algunos dictámenes fundamentales para la causa.
Éstos incluyen la tipificación del delito de acecho, además de las lesiones con ácidos, la pérdida de patria potestad por feminicidio, la lucha contra la violencia en el noviazgo, la prohibición de excusas absolutorias para familiares de quienes cometieron delitos, así como la tipificación de la violencia vicaria.
Impunidad: el otro enemigo de las víctimas
En los últimos 10 años (2013-2023) la Fiscalía General del Estado de Coahuila tiene registro de un total de 167 casos de feminicidio, de los cuales 40 corresponden al municipio de Torreón. Ocupa el primer lugar, seguido por Saltillo con 28, Acuña con 15 y Matamoros con 10.
Los años 2013 y 2023 no cuentan con casos de feminicidio; en los años intermedios se fue generando un incremento con 2 en 2014 y 2015; 4, 3 y 5 en 2016, 2017 y 2018, respectivamente; así como una constante de 6 por año del 2019 a 2022.
En cuanto a los detenidos por este tipo de casos del 2013 a la fecha en todo el estado, se registran 152 imputados y únicamente 58 sentenciados, por lo que sí existe un rezago considerable en materia de sentencias por feminicidio.
Por este tipo de situaciones es que en México la gente considera que no hay justicia; esto lo indica la última encuesta sobre Percepción de Impunidad 2023 que realizó Impunidad Cero, dónde los resultados marcan que más del 60 por ciento de los encuestados opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez.
El 47 por ciento, consideran que la impunidad va en aumento durante el último año y se ve reflejado en una evidente falta de confianza en el Sistema de Justicia Penal; el 38 por ciento consideró que sigue igual y un 14 por ciento, que ha disminuido.
La percepción general de la sociedad mexicana es que se tiene una imperante necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo en los casos de violencia contra mujeres y en especial por el delito de feminicidio.
Los niños: principales víctimas colaterales
Además de las madres de las mujeres asesinadas existe otra población de víctimas indirectas del feminicidio que son los hijos que quedaron en orfandad tras el suceso.
En Coahuila, en el año 2019 entró en vigor el programa "Protección Integral de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia Feminicida”, que instituyó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, cuando en ese entonces, solo se contabilizaban 18 víctimas indirectas.
Actualmente, en todo el estado se cuenta con un total de 149 menores dentro del “Padrón de Beneficiarios de Programas de Subsidios, Estímulos y Apoyos” actualizado al 10 de noviembre de 2023, informó la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).
Sin embargo, la dependencia hizo énfasis en que no cuenta con programas que otorgan subsidios, estímulos y apoyos, pero cuenta con la operación del Decreto por el que se otorga un apoyo extraordinario a los menores que son víctimas indirectas de feminicidios ocurridos en el estado de Coahuila.
De los 149 que existen en total dentro del padrón en la entidad, un total de 69 menores corresponden a la región Laguna y se encuentran recibiendo el beneficio que se entrega al familiar que cuenta con la custodia.
Tanto los nietos de María Elena como la de Diana se encuentran dentro de este padrón de beneficiarios y es que, según explican, la mayoría de estos abuelos o abuelas que quedan a cargo de los menores son personas mayores que no cuentan con ingresos o son pensionados y enfrentan dificultades económicas para poder sostenerlos económicamente.
“Las necesidades de un menor son amplias y van desde los alimentos, gastos de educación, vestido, servicios de salud, además de los cuidados y atención que requieren, por lo que no es una tarea fácil para nosotros ya mayores, aunque a pesar de todo tomamos esta responsabilidad por amor a nuestros nietos”, dijo doña Elena.
