Monclova, Coahuila.- Rosa Nilda González Noriega, diputada local, presentó una iniciativa de ley para que las corporaciones de policía de Coahuila usen cámaras de video en uniformas patrullas y cascos de forma permanente.
La legisladora presentó una modificación al contenido de los artículos 205, 211 y 213 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila para el uso de instrumentos digitales que den certeza del comportamiento legal y jurídico de los elementos policiacos en sus actuaciones.
Estas herramientas audiovisuales, refirió Rosa González, permitirán documentar acciones de los elementos de seguridad en los operativos y todas las actividades que realicen, esto pues los agentes tienen un alto índice de denuncias y quejas ante Derechos Humanos por violaciones a las garantías individuales.
Incluso, precisó que la mayor cantidad de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) que recibe la Policía Civil de Coahuila, Policía de Acción y Reacción y la Policía Especializada de Coahuila es por ejercicio indebido de la función pública, detenciones arbitrarias, lesiones, extorsiones, allanamiento de morada, sembrado de pruebas incriminatorias, tortura, abuso sexual, privación ilegal de la libertad, así como robo de dinero y bienes.
Que las situaciones anteriores desaparezcan es el objetivo principal de la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), quien sostuvo que en varios países se ha adoptado el uso de las cámaras como medida para frenar el abuso de la autoridad y corrupción policiaca.
Con estas videograbaciones el Estado se ahorrará costosos y largos procesos de investigación por supuestas violaciones a derechos humanos cometidos por policías.
Al mismo tiempo, dijo que beneficiará a las autoridades en casos como arrestos soportados en forma legítima, que impiden la liberación posterior e inmediata de los detenidos por supuestas violaciones al debido proceso, a la cadena de custodia de evidencias o a los derechos humanos, recopilación eficiente de evidencias, credibilidad, protección y acreditación de agresiones y amenazas.
Para finalizar, indicó que la modificación, eliminación o alteración del contenido de los equipos, así como el apagado, la inhabilitación y daño a las cámaras sería suficiente para implicar sanciones penales y administrativas.
