/ martes 13 de junio de 2023

Promueve Congreso alcanzar bienestar pleno de mujeres jefas de familia: Enrique Benítez

La nueva ley regula sus derechos, políticas públicas, acciones y programas para protegerlas y mejorar sus condiciones de vida

Promover, apoyar, empoderar y proteger a las mujeres jefas de familia y sus dependientes para que alcancen el bienestar pleno es el reto de la nueva Ley de Derechos de Jefas de Familia aprobada por unanimidad en el Congreso de Durango, expuso el Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda y que pretende atender a 150 mil mujeres en esa condición.

La nueva ley regula sus derechos, políticas públicas, acciones y programas para protegerlas y mejorar sus condiciones de vida y de sus dependientes, cuando se encuentren en situación socioeconómica vulnerable, con el objetivo de procurar el acceso de beneficios que permitan su empoderamiento económico, aseguró el legislador priista. Se crea el Consejo Estatal para la Protección de las Jefas de Familia, con objeto de elaborar propuestas y evaluar resultados, así como el Padrón de Jefas de Familia, para aquellas que acrediten nivel bajo de ingresos o insolvencia económica y dependientes a su cargo.

Te puede interesar: Con 4 nuevas leyes, los diputados le cumplen a Durango: Enrique Benítez

Se trata de provocar que transiten de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión en la vida productiva a un estado de conciencia y autonomía económica, sobre todo, aquellas que integran familia monoparental y tienen responsabilidad de ser principal sostén económico del hogar, integrándolas al sistema económico, de salud, social, laboral, educativo, recreativo y tecnológico.

Benítez enumeró los principios rectores del ordenamiento: integración a la vida económica y social sin discriminación, igualdad de oportunidades, bienestar físico y mental, políticas compensatorias para contrarrestar su vulnerabilidad y perspectiva de género.

Se trata, dijo, de hacer valer sus derechos a un trato con dignidad y respeto; recibir atención médica, psicológica y hospitalización si son derechohabientes de instituciones de seguridad social; acceder a beneficios y programas; recibir apoyo en asistencia y social y asesoría jurídica; acceder a empleo digno bien remunerado y a proyectos productivos y créditos para negocios; y, vivir con seguridad, paz y armonía en una vida libre de violencia.

Promover, apoyar, empoderar y proteger a las mujeres jefas de familia y sus dependientes para que alcancen el bienestar pleno es el reto de la nueva Ley de Derechos de Jefas de Familia aprobada por unanimidad en el Congreso de Durango, expuso el Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda y que pretende atender a 150 mil mujeres en esa condición.

La nueva ley regula sus derechos, políticas públicas, acciones y programas para protegerlas y mejorar sus condiciones de vida y de sus dependientes, cuando se encuentren en situación socioeconómica vulnerable, con el objetivo de procurar el acceso de beneficios que permitan su empoderamiento económico, aseguró el legislador priista. Se crea el Consejo Estatal para la Protección de las Jefas de Familia, con objeto de elaborar propuestas y evaluar resultados, así como el Padrón de Jefas de Familia, para aquellas que acrediten nivel bajo de ingresos o insolvencia económica y dependientes a su cargo.

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Se trata de provocar que transiten de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión en la vida productiva a un estado de conciencia y autonomía económica, sobre todo, aquellas que integran familia monoparental y tienen responsabilidad de ser principal sostén económico del hogar, integrándolas al sistema económico, de salud, social, laboral, educativo, recreativo y tecnológico.

Benítez enumeró los principios rectores del ordenamiento: integración a la vida económica y social sin discriminación, igualdad de oportunidades, bienestar físico y mental, políticas compensatorias para contrarrestar su vulnerabilidad y perspectiva de género.

Se trata, dijo, de hacer valer sus derechos a un trato con dignidad y respeto; recibir atención médica, psicológica y hospitalización si son derechohabientes de instituciones de seguridad social; acceder a beneficios y programas; recibir apoyo en asistencia y social y asesoría jurídica; acceder a empleo digno bien remunerado y a proyectos productivos y créditos para negocios; y, vivir con seguridad, paz y armonía en una vida libre de violencia.

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