Por considerar que contiene elementos que resultan anticonstitucionales y que incluso pueden resultar violatorios de acuerdos internacionales tan importantes como el T-MEC, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís externó su preocupación ante la iniciativa preferente de reforma a la Ley de Industria Eléctrica que recién turnó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
De hecho, se refirió a este como un asunto realmente preocupante al advertir que, si la reforma llega a concretarse, se habrá cerrado el círculo en las afectaciones que ya ha tenido Coahuila en detrimento de una actividad en la que mucho había despuntado, pues este es uno de los estados en donde mayor auge había cobrado el aprovechamiento de las energías renovables, actividad económica que comenzó a ser mermada por el actual gobierno federal.
“La verdad es aquí están concretando el golpe que ya le habían dado a nuestra entidad, están cerrando el círculo de ser aprobada esta reforma, y Coahuila estará en detrimento dentro de su economía en la producción de energía limpia, renglón en el que se había posicionado entre los primeros lugares”, planteó el mandatario estatal.
De acuerdo con Riquelme Solís, entre los elementos contemplados en la iniciativa que más preocupan, esta la intención de eliminar el principio de menor costo consagrado en la Ley desde hace más de 30 años para dar entrada obligada a la CFE sin importar su costo ni sus emisiones de carbono, en detrimento de los usuarios de energía y de otros generadores de menor costo
Además, agrega, se pretende eliminar subastas que se establecieron como un filtro obligatorio para garantizar que la energía que se compra a los clientes de CFE cautivos pasara siempre por un proceso competitivo que asegurara mejor precio y mejor tecnología, sobre todo menores emisiones.
También, de hacerse realidad, la reforma representará el desmantelamiento del derecho de acceso abierto a todos los sistemas eléctricos relevantes. “Otorga el derecho de conectare a la red eléctrica, ya que es el único medio para entregar su producto, cuando el dueño de la red, CFE, es además competidor, y esto es aún más controvertido”.
Se advierte como otro de los inconvenientes la propuesta de desmantelar los certificados de energía limpia, que surgieron precisamente para incentivar nuevas inversiones en este rubro.
Además, dicho decreto abre la participación de plantas hidroeléctricas existentes al mercado, lo cual tenía una sobreoferta y perjudica el valor del certificado. Igualmente propone los principios de revocación y revisión de permisos otorgados bajo la ley del servicio público de energía eléctrica.
Incluye también la iniciativa la idea de modificar los contratos legales para forzar nuevos proyectos de CFE a los clientes, sin necesidad de competir en subastas.
Esto último, destaca Miguel Ángel Riquelme, resulta sumamente delicado, pues podría implicar una inconstitucionalidad porque en aras de no competir y de no abrir las subastas, CFE usaría estos contratos que se diseñaron para otros temas.
