La ASF aclaró que los montos irregulares más altos aún están pendientes por aclarar. Estas fallas en el uso de los recursos públicos federales afectan la calidad de la educación que reciben 1.7 millones de estudiantes del nivel superior en las entidades federativas, así como el rendimiento de 85 mil docentes.
Ante este panorama, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los resultados de la ASF para identificar las malas prácticas y el impacto que tienen en la calidad de la educación superior que las UPES ofrecen.
Las cinco principales irregularidades en el ejercicio de los recursos de las universidades públicas estatales son: Fallas en el reporte y reintegración de recursos a la Federación, deficiencias en los sistemas de control interno, discrepancias y falta de información en la información contable, irregularidades en los sistemas de nómina y Deficiencias en el reporte a la Secretaría de Educación Pública.
Anomalías en la UAC
La Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores de la universidad durante 2022. Por este hallazgo, la ASF instó al Servicio de Administración Tributaria a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Universidad.
Además, la universidad no presentó la documentación para comprobar el gasto de 162 millones de pesos provenientes de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
Y también se realizaron pagos totales por 368 millones de pesos a 2,130 personas que estaban registradas en dos cargos simultáneamente, por lo que se sospecha un posible perjuicio a Hacienda por un monto de 16 millones de pesos, al remunerar a 39 empleados que no contaban con el título ni la cédula profesional necesarios.
