/ miércoles 21 de febrero de 2024

Nueva ley de Aguas Nacionales, que provenga de la ciudadanía y no de losmercenarios: Elizabeth Estrada

Dicen no a los diputados federales ambiciosos

La Asamblea Social del Agua, La Colectiva por el Bienestar Social, Puebla Consulta Ciudadana y la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida; exhortan al Congreso de la Unión a desechar toda Ley que no emane del pueblo y no satisfaga el bienestar de la población y de los bienes naturales que integran nuestra gran Nación; a aprobar una Ley General del Agua de corte ciudadano, que tenga como premisa, la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales aprobada en 1992, por ser contraria al Derecho Humano al Agua, reitero la licenciada Elizabeth Estrada Macias.

En conferencia de prensa dieron un rotundo no a los diputados federales ambiciosos que pretenden crear una nueva ley de aguas nacionales neoliberal y dijeron si al proyecto que ya se tienen en el senado, que respeta los doce consensos de la iniciativa general, donde si participo la ciudadanía.

El 3 de febrero de 2024 el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, conocido como “el Mentiritas”, sorpresivamente afirmó tener una Iniciativa de la Ley General de Aguas.

El 13 febrero se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” presentada por siete diputados del Partido de Acción Nacional.

Según las declaraciones del Dip. Muñoz, quien no ha permitido acceso a su iniciativa, ambos proyectos dejarían intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN), sin contar con los mecanismos requeridos para corregir el sobreconcesionamiento y el acaparamiento que hacen que la actual crisis hídrica flagele a las poblaciones vulnerables, mientras se empoderan aún más a los grandes usuarios del agua.

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado está dictaminando la Iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Senadora Gloria Sánchez, la cual reemplazaría la LAN y cumpliría plenamente con la Constitución y con los 12 Consensos por el Agua recogidos en la Iniciativa Ciudadana y en los foros de la LXIV Legislatura.

El 3 de febrero de 2024 en el Portal de la Cámara de Diputados (Notilegis), apareció la Nota No. 8803, de título: Afirma Rubén Muñoz que atención a crisis hídrica no puede esperar; urge aprobar la Ley General de Aguas. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, señaló entre otras cosas:

“En la Comisión ya tenemos lista la iniciativa, estamos esperando llegar a acuerdo, ya no entre los pares del Congreso, hemos logrado los consensos, pero falta llegar a acuerdo con las autoridades del Gobierno Federal, sobre todo con la Conagua y la Semarnat”.

Días después, el 13 de febrero se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de "Ley General de Acceso al Agua", presentada por siete diputados del Partido de Acción Nacional, la cual igualmente dejaría intacta la Ley de Aguas Nacionales.

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La propuesta panista dice textualmente “el uso del agua respecto de empresas, negocios, compañías y sus similares o establecimientos con actividades comerciales, agrícolas, industriales o de servicios, se regirá por la Ley de Aguas Nacionales”.

Además, se enfoca principalmente en establecer 50 litros por persona al día como el mínimo vital a garantizar, por cualquier vía, con la posibilidad de reducirla en caso de estrés hídrico y de suspender el abasto por la falta de pago, excepto en ciertos casos de poblaciones vulnerables; también establece que los proveedores del agua pueden ser los organismos del gobierno o empresariales, con esto último, privatizando la gestión del bien común.

El 4 de febrero de 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, entregó simultáneamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA), después de un amplio proceso ciudadano, basado en 12 Consensos por el Agua propuestos en más de 400 foros, talleres, congresos, reuniones nacionales y en apego al mandato constitucional de Gestión equitativa, sustentable y con la participación ciudadana. Iniciativa que expone en su Motivación: […] constituye una oportunidad para una nueva etapa de la gestión del agua en el país.

Su fin es garantizar el derecho humano al agua que implica el acceso equitativo y sustentable a través de la participación en un marco de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas; reemplazando la lógica del mercado y de autoridad unilateral establecida por la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992.

La Iniciativa Ciudadana de la Ley General del Agua desarrolla en su clausulado los 12 Consensos o Principios que son el respeto a la naturaleza, respetar aguas de pueblos y comunidades, coadministrar las aguas en los territorios, derecho a vetar proyectos dañinos, prohibir agua para minería toxica y fracking, acabar con los millonarios del agua, cerrar la puerta a la privatización, democratizar los servicios del agua, priorizar agua para la soberanía alimentaria, acceso pleno a la información, recursos públicos suficientes y erradicar la corrupción y la impunidad, destacaron.

La Asamblea Social del Agua, La Colectiva por el Bienestar Social, Puebla Consulta Ciudadana y la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida; exhortan al Congreso de la Unión a desechar toda Ley que no emane del pueblo y no satisfaga el bienestar de la población y de los bienes naturales que integran nuestra gran Nación; a aprobar una Ley General del Agua de corte ciudadano, que tenga como premisa, la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales aprobada en 1992, por ser contraria al Derecho Humano al Agua, reitero la licenciada Elizabeth Estrada Macias.

En conferencia de prensa dieron un rotundo no a los diputados federales ambiciosos que pretenden crear una nueva ley de aguas nacionales neoliberal y dijeron si al proyecto que ya se tienen en el senado, que respeta los doce consensos de la iniciativa general, donde si participo la ciudadanía.

El 3 de febrero de 2024 el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, conocido como “el Mentiritas”, sorpresivamente afirmó tener una Iniciativa de la Ley General de Aguas.

El 13 febrero se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de “Ley General de Acceso al Agua” presentada por siete diputados del Partido de Acción Nacional.

Según las declaraciones del Dip. Muñoz, quien no ha permitido acceso a su iniciativa, ambos proyectos dejarían intacta la Ley de Aguas Nacionales (LAN), sin contar con los mecanismos requeridos para corregir el sobreconcesionamiento y el acaparamiento que hacen que la actual crisis hídrica flagele a las poblaciones vulnerables, mientras se empoderan aún más a los grandes usuarios del agua.

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado está dictaminando la Iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Senadora Gloria Sánchez, la cual reemplazaría la LAN y cumpliría plenamente con la Constitución y con los 12 Consensos por el Agua recogidos en la Iniciativa Ciudadana y en los foros de la LXIV Legislatura.

El 3 de febrero de 2024 en el Portal de la Cámara de Diputados (Notilegis), apareció la Nota No. 8803, de título: Afirma Rubén Muñoz que atención a crisis hídrica no puede esperar; urge aprobar la Ley General de Aguas. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, señaló entre otras cosas:

“En la Comisión ya tenemos lista la iniciativa, estamos esperando llegar a acuerdo, ya no entre los pares del Congreso, hemos logrado los consensos, pero falta llegar a acuerdo con las autoridades del Gobierno Federal, sobre todo con la Conagua y la Semarnat”.

Días después, el 13 de febrero se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de "Ley General de Acceso al Agua", presentada por siete diputados del Partido de Acción Nacional, la cual igualmente dejaría intacta la Ley de Aguas Nacionales.

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La propuesta panista dice textualmente “el uso del agua respecto de empresas, negocios, compañías y sus similares o establecimientos con actividades comerciales, agrícolas, industriales o de servicios, se regirá por la Ley de Aguas Nacionales”.

Además, se enfoca principalmente en establecer 50 litros por persona al día como el mínimo vital a garantizar, por cualquier vía, con la posibilidad de reducirla en caso de estrés hídrico y de suspender el abasto por la falta de pago, excepto en ciertos casos de poblaciones vulnerables; también establece que los proveedores del agua pueden ser los organismos del gobierno o empresariales, con esto último, privatizando la gestión del bien común.

El 4 de febrero de 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, entregó simultáneamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Iniciativa Ciudadana de Ley General del Agua (ICLGA), después de un amplio proceso ciudadano, basado en 12 Consensos por el Agua propuestos en más de 400 foros, talleres, congresos, reuniones nacionales y en apego al mandato constitucional de Gestión equitativa, sustentable y con la participación ciudadana. Iniciativa que expone en su Motivación: […] constituye una oportunidad para una nueva etapa de la gestión del agua en el país.

Su fin es garantizar el derecho humano al agua que implica el acceso equitativo y sustentable a través de la participación en un marco de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas; reemplazando la lógica del mercado y de autoridad unilateral establecida por la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992.

La Iniciativa Ciudadana de la Ley General del Agua desarrolla en su clausulado los 12 Consensos o Principios que son el respeto a la naturaleza, respetar aguas de pueblos y comunidades, coadministrar las aguas en los territorios, derecho a vetar proyectos dañinos, prohibir agua para minería toxica y fracking, acabar con los millonarios del agua, cerrar la puerta a la privatización, democratizar los servicios del agua, priorizar agua para la soberanía alimentaria, acceso pleno a la información, recursos públicos suficientes y erradicar la corrupción y la impunidad, destacaron.

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