El Instituto Mexicano del Seguro Social debe garantizar la cobertura del servicio médico a las personas con discapacidad a pesar de que hayan perdido la relación laboral, planteó la diputada Martha Loera Arámbula.
Con el respaldo del Congreso del Estado se mandó un exhorto al IMSS a fin de que realice los ajustes en los procesos internos y administrativos para garantizar la afiliación de los jóvenes con discapacidad.
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“Cuando una persona con discapacidad obtiene algún empleo formal, el Seguro Social otorgado por medio de sus padres o tutores se retira y solo se deja con el seguro laboral.”
“Sin embargo, si la persona llega a perder su empleo, sufre una importante afectación debido a la tardanza administrativa para reincorporarlo al que le pertenece de forma permanente por parte de sus padres, debiendo reiniciar todo el proceso para ser de nuevo dado de alta”, explicó.
Para justificar el planteamiento, la legisladora apeló al Artículo 123 Constitucional que en su apartado A, fracción XXIX, señala que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, que comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
Además, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, son amparados por esta institución por enfermedad y maternidad: el asegurado y el pensionado, sus esposas, sus hijos menores de dieciséis años, los hijos mayores cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad, así como su padre y madre cuando vivan en el mismo hogar de este.
Con base en lo anterior, el Seguro Social debe atender a los jóvenes con discapacidad que son hijos de asegurados o pensionados.
