Saltillo, Coahuila.- Los siete jueces de Coahuila, de los cuales cuatro son de Torreón y los demás de Parras, así como de Sabinas, separados de sus funciones, podrían recibir, de acuerdo a los resultados del proceso que maneja el Consejo de la Judicatura, desde una amonestación, destitución y hasta en un momento dado la inhabilitación o enfrentar un juicio legal.
Miriam Cárdenas Cantú, precisó que ella no puede adelantar ni comentar nada al respecto porque así los establece la Ley, hasta no terminar con el proceso administrativo que se les sigue.
Pero destacó que se les instruyó el proceso a los jueces de Coahuila por un supuesto fraude de alrededor de 100 mil créditos del Infonavit a nivel nacional.
Los jueces separados de sus funciones son Carlos Santiago Charles Lozoya, Juan Gallegos Márquez y Guillermo Martínez Galarza, titulares de los juzgados primero, segundo y cuarto Civil de Torreón, respectivamente.
Y Jaime Arturo Miramontes Perales, juez segundo letrado civil de Torreón; Édgar Arturo García Almanza, juez familiar de Parras, y Arturo Luna Pérez, juez civil de Sabinas.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), precisó que a ella no le corresponde decir si pueden ir a la cárcel o no, porque al Poder Judicial solamente le corresponde aplicar las sanciones administrativas correspondientes y de ser necesario mandar los resultados del proceso a la Fiscalía General de la entidad y a la Fiscalía Anticorrupción.
Puede leer:
Precisó que estos siete jueces, así como 12 secretarios de acuerdos, han sido separados del cargo para la investigación de la Judicatura y que sus lugares han sido ocupados de manera temporal por personal de reserva del propio TSJ, la que ya se agotó, pero que en el 2019 se invitará para contar con mayor personal, pero todo mediante examen de oposición.
Destacó que aparte de estos siete, se suma otro nombramiento provisional para un juez que tiene incapacidad, por lo que se integraron ocho nuevos en total en el estado.
Ante la insistencia de los medios de comunicación si estos funcionarios del Poder Judicial podrían llegar a la cárcel, reiteró que “la Fiscalía es la encargada de las investigaciones de delitos no el Consejo de la Judicatura. Eso es injerencia del Ministerio Público, yo no puedo aventurarme a dar alguna respuesta sobre este situación”.
Asimismo, resaltó: “dependiendo de las faltas que hayan cometido es la sanción. Si es grave o gravísima, da lugar a una amonestación, la destitución, atravesando por la suspensión, incluso se podría dar la inhabilitación y la sanción penal correspondería a la Fiscalía:
Indicó que a todos los involucrados se le hizo la imputación de la falta administrativa, se les dijo en qué consistía y en que podrían haber incurrido.
También dentro de este proceso se está en la etapa de desahogo de pruebas como de cargo y de descargo. Mientras dure este proceso no se puede dar a conocer ningún dato, por ley se mantiene en reserva con todas las garantías para los implicados.
