Gómez Palacio, Durango. - Es el próximo 15 de agosto cuando concluye el periodo que el Gobierno de Durango estableció para la operación de las medidas de prevención sanitaria y contención de la movilidad por el Covid-19, publicadas en el Pacto de Responsabilidad Social.
En este sentido, Adrián Alanís Quiñones, secretario general de gobierno, dijo que a través de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud, se evaluará los alcances obtenidos con este decreto estatal y cuáles medidas se mantendrán, al reconocer que aún persiste una alta movilidad, citando como ejemplo la afluencia que se tiene en la ciudad de Durango.
Añadió que algunos sectores de la sociedad, exigen a la autoridad que imponga sanciones económicas para quienes no sigan las medidas básicas como el uso de cubrebocas o evitar la movilidad innecesaria.
No obstante, reconoció que el Estado ha sido consciente de que no se pueden determinar medidas autoritarias, dado el panorama de crisis económica que ha generado la pandemia.
"Claro que hay presión para que, de alguna manera, pudiera existir sanciones económicas subrayó Álamos Quiñones.
"El gobernador del estado José Aispuro Torres ha sido muy respetuoso y no ha querido imponer medidas debido a que la situación económica ha estado muy difícil por el confinamiento, el cierre de muchas empresas y comercios, mucho desempleo y si a eso le agregamos la posibilidad de multarlos, corremos el riesgo de que la gente esté más molesta todavía”, sostuvo Alanís Quiñones.
Interrogado sobre las condiciones de salud de los funcionarios del gabinete que resultaron positivos a SARS-CoV-2, el secretario de gobierno confirmó que, en recientes fechas, el titular de Bienestar Social Jaime Rivas Loaiza fue dado de alta del hospital 450 y actualmente se encuentra en recuperación en su casa.
También el secretario de Educación Rubén Calderón Luján se reporta en buen estado y en aislamiento domiciliario.
