Para el director del Sideapa, Adelmo Ruvalcaba Nieto, en este municipio el estado de derecho y las leyes se respetan, “así que deben cumplirse los requisitos que establece la Ley de Aguas del Estado para ordenar el suministro para todos los ciudadanos”.
El funcionario municipa,l con documentos a su alcance, dijo que el compromiso de la alcaldesa Leticia Herrera Ale se ha respetado y honrado.
Mostró a la vez, los contratos de servicio con ciudadanos que han cumplido con la ley y con el organismo, “no obstante, hay vecinos en el predio Guadalupe que están fuera de la ley y la administración no va a legitimar acciones que no estén apegadas a derecho”.
Hay que recordar que personal del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, detectó la toma clandestina de una tubería de agua potable de más de 100 metros de longitud en el predio conocido como Guadalupe, donde se beneficiaban ocho locales, entre quintas y negocios.
Quienes tienen intereses en el sector, se mostraron agresivos al observar que el director de Sideapa, Adelmo Ruvalcaba Nieto y su equipo jurídico, tomaban conocimiento de esta anomalía en su red hidráulica y ante estas circunstancias y a pesar de los insultos y amenazas de algunos vecinos, no cayeron en provocaciones ni se hicieron acompañar en ningún momento de la fuerza pública.
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Incluso, se mostraron videos como prueba de las agresiones verbales de que fueron objeto los servidores públicos al tratar de cumplir con su trabajo en el predio.
Esto sucedió el jueves por la tarde, en donde además una vecina lanzó agresiones verbales contra la alcaldesa Leticia Herrera Ale y al verse intimidados los trabajadores de la paramunicipal optaron por retirarse, sin solicitar las fuerzas de seguridad (como se dijo), toda vez que vieron esta agresión como una provocación.
Por lo tanto, el personal del Departamento Jurídico de Sideapa acudió a la Vicefiscalía para levantar la denuncia por el delito de robo patrimonial al detectar la tubería de cuatro pulgadas de diámetro y que interconecta a ocho locales.
A la vez, se acusa al regidor del Ayuntamiento, Omar Castañeda González, quien se maneja como víctima de la situación, cuando en realidad está incurriendo en una falta muy grave al defender a personas que están violentando la ley, tratando de verse beneficiado, dadas sus aspiraciones políticas.
