En caso de que prevalezca el paro laboral que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Francisco I. Madero iniciaron el pasado lunes, y ante el hecho de que se pretende dejar a la corporación definitivamente fuera del esquema de Mando Policial Unificado, no se descarta que el Gobierno del Estado de Coahuila intervenga próximamente para hacerse cargo de manera directa del trabajo operativo que debe tener continuidad a favor de la seguridad de los habitantes de este municipio lagunero.
Sus comentarios al respecto los compartió el titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien calificó como preocupante el hecho de que toda una corporación policiaca haya dejado de prestar sus servicios a la población.
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Como se ha informado, fue el lunes por la noche cuando los policías municipales de Madero dejaron de trabajar, bajo el argumento de que no cuentan con el equipo necesario ni con el apoyo de las autoridades municipales para ello, además de que llevan años sin recibir un aumento de sueldo, de que no consideran justo el reciente despido de sus superiores y de que rechazan el que se les pretenda dejar fuera del Mando Unificado.
Márquez Guevara comentó que hay disposiciones legales que establecen con toda claridad que, ante la ausencia de personal policiaco en funciones, el Gobierno de Coahuila puede y debe asumir el control de la seguridad pública en casos como este, a través de la Policía Estatal.
Desde luego, aclaró, esa es una decisión que en su momento le competiría tomar a la Secretaría General de Gobierno como responsable de la política interna de seguridad en la entidad.
Para ello, ciertamente otra justificación es precisamente la intención de que Francisco I. Madero quede fuera del llamado Mando Policial Unificado. “Actualmente están dentro, aunque hay referencias de que el Alcalde lo sacará de este esquema, y que no dependerá operativamente del Estado”, dijo el Fiscal.
En ese sentido, advirtió que “dicha figura es una obligación que se contrajo en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que participan todas las autoridades federales en el tema de seguridad, todos los gobernadores, los alcaldes y fiscales de todo el país”.
Explicó que se trata de un acuerdo y una obligación que hace por lo menos siete años se contrajo, con independencia de la autonomía a la que se refiere la Constitución, y que actualmente sigue vigente, de manera que no basta con que un alcalde lo pretenda para que deje de tener validez, además de que hay que tomar muy en cuenta que esta es una de las figuras que se tienen contempladas para que funcione la prevención del delito.
