Visto que las personas LGBTTTI+ representan el 5.1% del total de la población del país, es necesario que las instituciones y la sociedad misma maximicen el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual, generando los espacios en una cultura de igualdad, inclusión y reconocimiento de los mismos.
También, estamos obligados a ellos porque los derechos de esta población históricamente han sido trastocados por las constantes violaciones por su orientación, identidad o expresión de género, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad e insensibilización en sus derechos.
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Lo anterior lo puntualizó Olga Mariela Quintanar Sosa, a nombre de la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, en la inauguración del foro Los Derechos Político-Electorales de la población LGBTTTI+ organizado por el Tribunal Electoral de Coahuila.
Quintanar Sosa, quien es secretaria de estudio y cuenta de las ponencias de la Magistrada Soto Fragoso, enfatizó que todos debemos de contribuir a garantizar la participación de las personas de la diversidad sexual en los procesos democráticos de toma de decisiones a través de cargos de elección popular que fortalezcan la justicia electoral inclusiva y la vinculación institucional.
“Hay que contribuir a la cultura de igualdad e inclusión de los derechos humanos de las personas LGBTTTI+, así como reconocer su lucha por la igualdad y la no discriminación, además de sus logros, desafíos y áreas de oportunidad en las instituciones y de la sociedad en general.
“Solo de esa manera lograremos el pleno ejercicio de sus derechos en los procesos democráticos, de participación política y electoral”, abundó.
RESISTENCIA A SU RECONOCIMIENTO
Mientras que Sergio Díaz Rendon, presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, subrayó que lamentablemente hay una gran resistencia social para el reconocimiento de los derechos político-electorales de la población LGBTTTI+ y constantemente son víctimas de violencia y discriminación.
“Por ello es necesario que los tribunales y la sociedad en general participen de manera activa para colocar en la agenda nacional los derechos de las personas de la diversidad sexual”, apuntó.
Si bien reconoció que se avanzado en el tema, consideró que aún falta mucho por hacer, donde el Congreso del Estado y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tienen la tarea de abrir su participación en los procesos electorales.
En el foro también participaron el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, de la sala regional en Monterrey del TEPJF; Madeleyne Figueroa Gámez, Consejera del IEC, y Noé Ruiz Malacara, presidente del colectivo San Aelredo.
