Olga Sánchez Cordero reconoció que Coahuila es un ejemplo de cómo se puede avanzar en la seguridad en coordinación con las fuerzas armadas, al tiempo de que en tono molesto subrayó que su partido, Morena, ni perdió ni gano en la discusión de la iniciativa para que el Ejército se mantenga en las calles en labores de seguridad por 4 años más.
“No perdimos, ni ganamos, la iniciativa se aplazó para verse en alguna otra ocasión, se quedó en comisiones”, agregó la senadora y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Pero la misma ex Secretaria de Gobernación se desdijo con sus palabras al comentar que “en esta iniciativa estábamos en un falso debate, se le dio un no a la militarización del país”.
Lo anterior se dio en una breve entrevista que concedió después de haber recibido el grado de investigadora Ad Vitam de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por su lucha permanente por los Derechos Humanos y la equidad de género. desde que era estudiante de la UNAM.
El grado se lo entregó la presidenta de la AIDH, Irene Spingo, en una sesión solemne celebrada en el campus Arteaga de la UAdeC.
Sobre el tema de la supuesta militarización del país, la senadora sostuvo que eso dicen ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere prorrogar por cuatro años más el que este el Ejército en las calles para la consolidación de la Guardia Nacional con una justificación constitucional.
“Así qué queremos militarizar el país”, se preguntó al tiempo que respondió: “hace cuanto tiempo las fuerzas armadas están apoyando en cuestiones de seguridad, desde hace 27 años, y hoy se habla de militarización”.
Explicó que fueron dos gobiernos priistas, el de Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como otros dos del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, los que comenzaron a tener a las fuerzas armadas del país en funciones de seguridad.
Expuso que esta decisión de Zedillo llegó a la corte, donde se interpretó el Artículo 129 de la constitución y el 89, en lo que concierne a las facultades del Poder Ejecutivo en relación a la utilización de las fuerzas armadas en materia de seguridad.
Asimismo, pidió que se preguntará a los gobernadores de las 32 entidades federativas del país, de cualquier partido político, si quieren que se retiren a las fuerzas armadas para no apoyarlos en cuestiones de seguridad.
