Le voy a contar una anécdota que viví en carne propia hace seis años cuando me encontré a un gerente de un hotel en la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos.
Luego de entablar una conversación básica con él, le pregunté:
- ¿Qué pasaría si desapareciera ‘el cash’, si dejara de circular el efectivo?
- Se acaba todo, adiós a Las Vegas; desaparecería, contestó.
Esta respuesta avivó más mi curiosidad. Así que le cuestioné nuevamente:
- Y si el gobierno de Estados Unidos gravara fiscalmente las tarjetas de crédito ¿qué pasaría?
A continuación, les transcribo textualmente su respuesta queridos lectores:
- Si el gobierno tomara esa decisión, desaparecería Estados Unidos de Norteamérica.
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En esos tiempos, a las ‘brillantes’ mentes mexicanas de Hacienda Jorge Meade y Luis Videgaray se les ocurrió impulsar justo eso en nuestro país. Y lo lograron.
Crearon el artículo 91, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, que dice así:
‘Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.’
Afortunadamente, nunca lo lograron aplicar de manera general. Tal vez sí, pero a un enemigo político, porque si lo hubieran hecho, habrían logrado quebrar el principal medio de consumo y activación económica: el crédito quirografario, conocido comúnmente como tarjeta de crédito. La economía de México simplemente habría colapsado.
Sobre este asunto, logré hablar con la diputada federal por Morelos Juanita Guerra, misma que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados buscando derogar esta medida normativa que representar un riesgo muy grande para la economía nacional.
En resumen, en México no pueden existir leyes que se ejecuten o apliquen a conveniencia o leyes que atenten contra la seguridad del país, como en este caso.
Es un hecho que dicho numeral, debe ser abrogado, pero, además, el uso de las tarjetas de crédito debe ser normado de acuerdo con la capacidad fiscal de cada persona en lugar de ser encausado al uso y capacidad económica manifestada sin estar acorde a sus ingresos fiscales. Esto sí debería ser controlado por la Secretaría de Hacienda.
Al tratarse de uso de dinero no fiscalizable, pudiera incluso incorporar un impuesto nuevo a las mismas, que no sea oneroso para el usuario pero que si sume a la recaudación y aplicación de algún proyecto productivo de gobierno.
