En medio del desierto sonorense existe un puesto de control militar en el poblado de Querobabi, donde la dinámica de decomisos de droga ha tenido una cambio radical durante este sexenio. Desde 2019 las cantidades de fentanilo que han sido incautadas en esta ruta que va rumbo a la frontera de Nogales y sigue a Tijuana, reflejan la alta producción de drogas sintéticas que existe en la región del Pacifico norte mexicano y que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador rompió todos los récords.
Un documento de la segunda región militar, que abarca los estados de Sonora y la Península de Baja California, reportaba a finales del 2020 una serie de casos que se presentaban con cierta frecuencia a lo largo de esta ruta. El perfil de los detenidos era de pasajeros de autobuses comunes y corrientes, gente sin antecedentes penales, con un modo de vida sencillo y sin que por su apariencia llamaran la atención. El ejemplo fue un caso de una pareja de señoras de la tercera edad originarias de Durango, el autobús donde viajaban se dirigía a Tijuana y venía de Culiacán. La plataforma de sus zapatos fue revisada con el aparato identificador de drogas llamado “Gemini”, los militares encontraron envoltorios de plástico transparente donde estaban distribuidos un kilo 955 gramos de pastillas color azul que dieron positivo en fentanilo. El registro detrás de este tipo de decomisos tiene varias aristas, algunas quedaron expuestas el pasado 9 de mayo en la Evaluación de Amenazas de Drogas 2024 presentado por la DEA.
Una de ellas es que la ruta del Pacífico que va de Sinaloa, Sonora y Baja California para entrar por Arizona y sur de California es de las más lucrativas por el volumen de droga que se trafica. La DEA puso el reflector en abril pasado al capo de Nogales identificado como Sergio Valenzuela Valenzuela, considerado el principal operador en esa ruta y quien reportaría de forma directa al clan de los Zambada en Sinaloa. Valenzuela fue boletinado por el Departamento del Tesoro el mes pasado y se prohibió a empresas de EU hacer negocios con sus redes financieras al quedar incluido en la lista de cabecillas de tráfico de drogas de alta prioridad.
Para la DEA hay una sospecha de colusión de autoridades en diversos niveles de gobierno detrás del crecimiento de la oferta de fentanilo en territorio estadounidense. En 2020 se reportaron poco más de cuatro millones de pastillas decomisadas, en 2021 la cifra se elevó a 11 millones 450 mil y en 2022 se disparó a 44 millones 461 mil. Ya en 2023, según los Institutos Nacionales de Salud estadounidense (NIH), fueron 115 millones 562 mil 603 pastillas las decomisadas en la Unión Americana.
Para las agencias estadounidenses los principales responsables de inundar el mercado ilícito de drogas con fentanilo son las organizaciones criminales de Sinaloa y Jalisco. La alta producción y el casi libre tráfico no tendría explicación sin la colusión de las autoridades en los distintos niveles de gobierno, observando con particular interés a las corporaciones federales, Guardia Nacional y Agencia de Investigación Criminal (ACI), sobre quienes recae la principal sospecha. Del informe de la DEA llamó la atención cómo se evidenció la forma tan burda del discurso presidencial al asegurar que en México no se produce esta droga. Para el futuro inmediato, hay omisiones que califican como complicidad.
@velediaz424
