El estado de Oaxaca se convirtió en el primero en todo el país en prohibir la venta de bebidas azucaradas, así como de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad.
La sexagésimo cuarta legislatura del Congreso de Oaxaca hizo historia al aprobar la iniciativa pese a las presiones de la industria de la comida chatarra, que días previos publicaron desplegados en contra de la medida.
La propuesta, realizada por la diputada local Magaly López Domínguez, llevaba un año sujeta a análisis en la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y adiciona el artículo 20 BIS de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La reforma fue celebrada por 73 organizaciones en pro de la salud y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); sin embargo, fue rechazada por el sector empresarial como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), entre otras.
De acuerdo con la iniciativa privada, las empresas, y principalmente pequeños comerciantes, se verían afectados en sus ventas y no era conveniente aprobarla en estos momentos de pandemia, cuando el mismo sector se ha visto afectado.
Incluso, durante la sesión del Congreso, un grupo de comerciantes se manifestó.
La Diputada calificó como “absurdos” los argumentos de la iniciativa privada y la acusó de frenar la posibilidad de una alimentación sana para los niños y niñas.
Mientras tanto, la diputada priista Tannos Cruz, defendió el argumento anterior.
Finalmente, con 31 votos a favor, la legislatura del Estado de Oaxaca aprobó la modificación y prohibió la venta, distribución o promoción de productos no saludables a menores de edad.
En México, 34. 4 por ciento de los niños y niñas tiene sobrepeso u obesidad, lo que sitúa al país en el primer lugar de obesidad infantil.
Como se recordará, en 2016 el Gobierno emitió declaratorias de emergencia a todas las entidades federativas del país “ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, y de los casos de diabetes mellitus que siguen vigentes”.