Torreón, Coahuila.- Fue aprobado en lo general durante la sesión de Cabildo celebrada este miércoles, el acuerdo que contempla llamar a las autoridades competentes a aplicar las medidas necesarias para que, de una vez por todas, pueda concretarse la plena regularización de los llamados taxis de aplicación, bajo el argumento de que el registro de los vehículos y de quienes los conducen que ya es una obligación legal, es fundamental a fin de garantizar condiciones de seguridad a favor de los usuarios y de los propios prestadores de servicios de transporte en esta modalidad.
Sin embargo, al considerar que 30 días serían insuficientes para lograr el registro de alrededor de tres mil vehículos y sus conductores, se acordó que el asunto vuelva a ser revisado con la posibilidad de modificar tanto el plazo que originalmente se había establecido, así como la viabilidad de los operativos que a favor de la seguridad y el orden deban realizarse posteriormente.
Te recomendamos: Conductor de Uber acepta viaje y se niega a ir por el usuario: ninguno quiere cancelar
De hecho, en ese punto lo que se aprobó, a propuesta del alcalde Román Alberto Cepeda González, fue que sean los ediles que integran las Comisiones de Movilidad y Seguridad Vial y de Seguridad Pública quienes en una sesión de trabajo conjunta se encarguen de revisar lo referente al plazo y a los operativos.
De antemano, el munícipe dejó en claro que la necesidad de que las autoridades competentes actúen para garantizar condiciones de seguridad para los usuarios de los servicios que brindan las llamadas redes de transporte, a través de plataformas como las de Uber o Didi, ya fue reconocida y avalada tiempo atrás en las reuniones semanales de seguridad, por lo que sugirió empatar criterios al respecto.
Cabe señalar que durante el análisis de este asunto al interior del Cabildo las posturas en contra no se hicieron esperar por parte de quienes referían estar de acuerdo con que se promuevan condiciones a favor del orden y la seguridad, pero no de que se apliquen para ello medidas coercitivas que puedan afectar a dicha modalidad como fuente de empleo.
No obstante, al final prevaleció el respaldo en lo general a favor de la iniciativa que promovió el regidor Enrique Sarmiento Álvarez y que antes de llegar para su resolución al pleno del Cabildo fue respaldada en un dictamen de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial.