/ viernes 1 de marzo de 2019

Fija Miguel Ángel Riquelme Solís postura sobre extradición del “Mono” Muñoz

Nadie por encima de la ley, dice el gobernador

Torreón, Coahuila.- Tras la reciente deportación de España a los Estados Unidos de Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto delincuente supuestamente vinculado con personalidades del ámbito político, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró su postura a favor de que se le juzgue como corresponde, ya que “aquí nadie está por encima de la ley”.

Fue esta semana cuando, tras casi tres años de reclusión en Madrid, finalmente fue entregado a las autoridades estadunidenses quien es conocido por su alias del “Mono” Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y organización criminal.

Cuestionado al respecto, el mandatario coahuilense se pronunció plenamente a favor de la legalidad. “Pues que se le juzgue, y que se juzgue a quien tenga vínculos”, esa es mi postura de siempre”, puntualizó.

Riquelme Solís recordó que Muñoz ya había sido objeto de algunas investigaciones en Coahuila, a partir de denuncias que se generaron en tiempos de la anterior administración estatal, que se integraron a su expediente y que en su oportunidad fueron atraídas por las autoridades federales competentes, como en su momento se hizo público.

PROTECCIÓN ESTATAL

Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme hizo saber que está plenamente justificada y en la mayoría de los casos se trata de atender una obligación de orden jurídico, la asignación de policías estatales para brindar protección como escoltas a algunos funcionarios públicos y sobre todo a particulares que han sufrido atentados o enfrentan riesgos a su vida o a su patrimonio.

No obstante, indicó que desde el inicio de la actual administración estatal se ha procurado reducir la asignación de agentes policiacos inmersos en ese tipo de servicios, con lo que la cantidad pasó de cerca de 400 a alrededor de 300 en poco más de un año, y sostuvo que se trata de una cifra que, aunque puede llamar la atención en realidad es manejable.

Puede leer:

Debe entenderse que es en la medida en que van disminuyendo los riesgos de quienes se benefician con la protección, que se modifica la cantidad de policías asignados al servicio como escoltas.

Torreón, Coahuila.- Tras la reciente deportación de España a los Estados Unidos de Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto delincuente supuestamente vinculado con personalidades del ámbito político, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró su postura a favor de que se le juzgue como corresponde, ya que “aquí nadie está por encima de la ley”.

Fue esta semana cuando, tras casi tres años de reclusión en Madrid, finalmente fue entregado a las autoridades estadunidenses quien es conocido por su alias del “Mono” Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y organización criminal.

Cuestionado al respecto, el mandatario coahuilense se pronunció plenamente a favor de la legalidad. “Pues que se le juzgue, y que se juzgue a quien tenga vínculos”, esa es mi postura de siempre”, puntualizó.

Riquelme Solís recordó que Muñoz ya había sido objeto de algunas investigaciones en Coahuila, a partir de denuncias que se generaron en tiempos de la anterior administración estatal, que se integraron a su expediente y que en su oportunidad fueron atraídas por las autoridades federales competentes, como en su momento se hizo público.

PROTECCIÓN ESTATAL

Por otra parte, Miguel Ángel Riquelme hizo saber que está plenamente justificada y en la mayoría de los casos se trata de atender una obligación de orden jurídico, la asignación de policías estatales para brindar protección como escoltas a algunos funcionarios públicos y sobre todo a particulares que han sufrido atentados o enfrentan riesgos a su vida o a su patrimonio.

No obstante, indicó que desde el inicio de la actual administración estatal se ha procurado reducir la asignación de agentes policiacos inmersos en ese tipo de servicios, con lo que la cantidad pasó de cerca de 400 a alrededor de 300 en poco más de un año, y sostuvo que se trata de una cifra que, aunque puede llamar la atención en realidad es manejable.

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Debe entenderse que es en la medida en que van disminuyendo los riesgos de quienes se benefician con la protección, que se modifica la cantidad de policías asignados al servicio como escoltas.

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