Torreón, Coahuila.- Desde la semana anterior, la Colectiva de Activistas Feministas de la Laguna dio seguimiento al caso de en el caso de Laura Alejandra N, víctima de violencia familiar, en el cual se evidenció que se cometieron omisiones y negligencia de dicho juzgado al no invocar en sus actuaciones la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Belém Do Pará, las categorías sospechosas y la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Ariadne Lamont, integrante de la colectiva Activistas Feministas de la Laguna, interpuso una queja en Derechos Humanos contra Martha Alicia Esparza, Jueza de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Parras de la Fuente. La queja se interpuso en la Segunda Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza con sede en Torreón el pasado viernes 18 de marzo.
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En contexto, desde 2017 Ariadne Lamont trabaja en el acompañamiento a Laura Alejandra quien tiene un proceso por violencia contra su expareja, Gustavo 'N', un Ministerio Público y Juez Calificador del municipio de Parras, dadas las omisiones de las autoridades quienes no le proporcionaron medidas de protección a la víctima, no judicializaron las carpetas, se le retiró la custodia de sus hijos sin que se le notificara, además de ordenar tomar terapia con el hombre que intentó asesinarla.
El pasado 16 de marzo Ariadne Lamont hizo el acompañamiento de Laura Alejandra en el citado Juzgado Familiar en donde se llevaría a cabo una audiencia. De acuerdo a la versión por parte de la activista no se le permitió el acceso al acompañante victimal, que es quien brinda la atención psicológica, ni a su abogado y tampoco de su red social, que en este caso está representado por Ariadne Lamont.
“Por el contrario, Laura estuvo junto a su agresor, la jueza y demás empleados municipales allegados, conocidos o amigos del agresor, por lo que no aplicaron el protocolo de perspectiva de género, por el contrario, la pusieron en riesgo. Estas acciones son una clara violación a la Ley de Víctimas, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a tratados internacionales como la Convención Belém Do Pará, los cuales prohíben se encaré a las mujeres con sus agresores, además de autorizar el acompañamiento de representantes en audiencias lo cual le fue negado a Laura Alejandra”.
“Es lamentable que jueces y juezas sigan sin juzgar con perspectiva de género, pese a los avances legislativos que existen en materia, quienes obligan a conocer los derechos humanos de las mujeres para hacerlos valer en este y otros delitos que se cometan por razón de género, además de que en este caso la jueza le dio más importancia al protocolo de entrada al edificio, que al protocolo para atender con perspectiva de género”.
“Las acciones continuarán hasta que el caso de Laura sea juzgado como marcan las leyes locales, estatales, nacionales y en materia internacional, que buscan que se haga justicia para las mujeres así como corregir las asimetrías de poder que existen entre hombres y mujeres, y que en el caso de Laura son evidentes ya que su agresor es un funcionario, pues se trata de un Ministerio Público”, sentenció Ariadne Lamont.
