Gómez Palacio, Durango.- Desde la llegada de Jorge Alberto Calero García, actual director de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, algunos miembros del cuerpo docente han detectado una serie de prácticas anormales en la institución y abusos contra los trabajadores: como liberación de servicio social y prácticas profesionales sin motivo, basificación de personal ante la Secretaría de Educación de personas que no tienen antigüedad y personas que, incluso, no conocen ni laboran en la DIES.
María Victoria Mejía Hernández y Ricardo Barraza Rodríguez, docentes de esta institución desde hace 23 años, comenzaron a señalar este tipo de acciones desde el semestre pasado, cuando se organizó una rifa para la recaudación de fondos de un laboratorio de cómputo, cuando se trata de una institución pública que depende del Gobierno del Estado de Durango. También, se creó una fundación denominada DIES8, mediante la cual se realizó esta actividad pero pidió reportar los pagos a Rotarac, otra fundación a la que el director pertenece y finalmente la factura de las piezas para armar dichas computadoras se le expidió no a alguna de las Asociaciones civiles, sino a la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo para que esta pudiera recuperar algo del Gobierno del Estado de Durango, como lo mencionó el mismo Jorge Alberto Calero García en una reunión de academias.
El pago de los boletos de la rifa despertó la inquietud de los maestros, y posteriormente comenzaron a detectar a alumnos que tenía el servicio social o prácticas profesionales liberadas por haber contribuido con esta actividad, incluso, algunos alumnos de posgrado omitieron el examen profesional y la tesis, lo cual no está permitido y de acuerdo a la Ley de Profesiones, los alumnos están obligados a realizar sus horas de servicio social y prácticas de manera comprobable.
“Además, les expidieron las cartas de liberación del servicio social a los alumnos que aparentemente realizan su servicio en mencionada asociación con fecha de inicio tres meses antes de que dicha asociación fuera creada”.
La fundación DIES8 fue creada en diciembre de 2022, mientras que los documentos que los docentes presentaron con la liberación del servicio social a alumnos, por haber realizado las labores en la misma, tiene fecha de septiembre del mismo año, es decir, tres meses antes.
Además de esto, con los recursos obtenidos de la citada rifa se equipó el laboratorio de cómputo, adquiriendo las máquinas sin hacer una licitación.
Docentes piden la intervención y solución por parte del estado
Ante estas situaciones, se dieron a la tarea de realizar solicitudes de información mediante el sistema de Transparencia del estado; en respuesta a la liberación de servicio y prácticas se les respondió que fueron un total de 49 personas en la misma situación.
“También preguntamos mediante Transparencia sobre las computadoras y aquí en el documento donde nos responden dice claramente que no se licitó la compra y que la realizó el mismo director, en todo caso debió ser la fundación la que la hiciera. antes de esto también compró unas cámaras, igual sin licitación y le hizo la compra a un amigo, sin dar cuentas del manejo de estos recursos”, comentó el profesor Ricardo Barraza Rodríguez.
Los maestros empezaron a realizar investigaciones sobre algunos asuntos relacionados con la dirección y el manejo de la escuela desde el año 2019, y entre los documentos encontraron la propuesta de basificación ante la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) firmada por el mismo Director, logrando que fuera aceptada sin hacerlo mediante la aplicación en la convocatoria y sin seguir los lineamientos indicados por la dependencia.
“Él es el cuarto director que llega de manera externa y es el primero en la historia de la institución, no sólo de la DIES sino de todo el Instituto 18 de Marzo que tiene más de 80 años, que se basifica solo y con la complicidad de la delegada sindical”, agregaron.
Por tal motivo, piden que intervenga en esta problemática el Secretario de Educación actual, José Guillermo Adame Calderón y sobre todo del gobernador del estado de Durango Esteban Villegas Villarreal, a quien en breve le harán llegar las denuncias y un expediente con los documentos recaudados con las investigaciones.
Los maestros esperan contar con el apoyo de las autoridades estatales y que el doctor Esteban Villegas intervenga para transparentar las acciones de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, que es una institución histórica y emblemática en la región.
Presunta complicidad con delegada sindical
Por tal motivo, también señalan el apoyo para diferentes prácticas fuera de reglamento a la delegada dela D-II-33 de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Claudia Meléndez Aguilar, por presuntamente estar detrás de la adquisición de bases docentes para personas que no tienen el perfil y la experiencia docente.
“Las bases se convocan a través del sindicato y éstas se han otorgado sin haber convocatorias; a algunos los recategorizan y a otros les dan bases nuevas”, dijo el profesor.
Dentro de esas recategorizaciones se encuentra la del mismo director, que ha ampliado su base y sus horas, sin contar con horas clase; otras se han otorgado a personas que él contrató y que no tenían antigüedad en el plantel, mientras otros trabajadores no han podido subir los escalafones pese a sus años de servicio y méritos.
Ambos profesores cuentan con un expediente completo con documentación que prueba sus dichos y al contar con ellos, interpusieron de manera formal las quejas correspondientes ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, en espera de ser tomados en cuenta para que se realice una investigación que compruebe dichas irregularidades.
“La misma delegada entra en esas recategorizaciones, de tener 20 horas compactadas brinca a un medio tiempo titular B y el reglamento establece que no puede uno brincarse los niveles, entonces cómo es que si no llegó a un titular A ya está en el nivel B y todo sin participar en una convocatoria.
Señalan que al resto del personal docente les ponen muchas trabas para poder lograr estas escalas y que no se les da oportunidad cuando hay convocatorias, aunque tengan una antigüedad considerable y un trabajo que los avala, agregó la maestra María Victoria Mejía.
Otra anomalía es que les exigen la hoja de liberación de sus horas de descarga, lo cual significa realizar durante esas horas ciertas actividades académicas como realizar cursos, posgrados, entre otras, y para que les permitan participar en las convocatorias, necesitan presentar el reporte de esas horas, lo cual no está establecido en ningún reglamento vigente. Denuncian que en ocasiones no se les entregan las hojas de descarga por lo que no pueden participar.
“Pero todos ellos sí brincaron sin convocatoria ni nada e incluso en este listado aparecen dos personas que no sabemos ni dónde están y no pertenecen a la División de Estudios Superiores, no trabajan y nunca han trabajado ahí”, comentan.
Por otra parte, al indagar en la Secretaría de Educación del estado sobre las bases que ocupan estas personas, constataron que no son de nivel superior sino de educación básica, incluso algunas son foráneas, lo que los hace pensar que están cazando las plazas que dejan libres y la dependencia pone a disposición.
Señalaron que el director ha tenido un incremento de horas sin participar en convocatoria, al igual que otros empleados que él contrató y basificó. En contraste, hay un empleado de intendencia con más de 18 años de antigüedad que solo trabaja por contrato, no cuenta con una base y por tanto no tiene derecho ni a la seguridad social.
De acuerdo a la información proporcionada por el órgano de Transparencia del estado, son un total de 56 personas que se encontraban en condiciones de participar y recibir una recategorización de acuerdo a los lineamientos; antes que a ellos se le brindó la oportunidad al director que a decir 5 de los docentes, no cumple con los requisitos, ya que el artículo 175 de la Constitución Política del Estado de Durango establece que se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado y de los órganos constitucionales autónomos; los integrantes de los concejos municipales; y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias, entidades y organismos en los poderes públicos, en los municipios y en los órganos constitucionales autónomos. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Establece también que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.
Por su parte, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los Servidores Públicos deberán conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización y deberán también satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
En la DIES 18 de marzo, se les exige a los docentes contar con título y cédula de maestría como mínimo; sin embargo, señalan que actualmente hay maestros con horas clase que no cumplen con este requisito, experiencia o el perfil requerido, pero que ingresaron por recomendación directa de los directivos.
Denuncian acoso laboral y violación de derechos
Pero este tipo de acciones no son el único tipo de irregularidades que señalan contra el director Jorge Calero, sino que hay casos como el de Cristina Astrid Carrera González, quien se desempeñaba como Coordinadora Administrativa y fue removida de su puesto y transferida al área de Recursos Financieros sin explicación alguna; solicitó verbalmente y por escrito una respuesta, misma que le fue negada, pero además del cambio de puesto, sufrió una reducción de salario considerable, de lo cual adjuntó pruebas a esta casa editora.
En el puesto de Coordinadora Académica percibía un salario de 9 mil 084 pesos y 7 mil 781 con la deducción correspondiente de impuestos; en el área de Recursos Financieros, su percepción bajó a 3 mil 500 pesos y 3 mil 240.50 libres. Aunado a esto, contaba con 10 años de servicio en la DIES y nunca contó con una base formal.
Esto fue desde el año 2020 y en su momento se dirigió con el subsecretario de Educación en turno, Cuitláhuac Valdés. para interponer la queja al igual que en la Contraloría, que se encontraba a cargo de Pascual Moreno Méndez.
Incluso, la extrabajadora denunció discriminación y hostigamiento laboral, así como trato indigno y grosero por parte del director Jorge Calero, de lo cual asegura tener testigos presenciales y una queja formal ante las dependencias antes mencionadas, debido a que en el momento de los hechos se encontraba embarazada y dichas situaciones ponían en riesgo su salud y la del bebé.
El profesor Ricardo Barraza, también interpuso una denuncia por acoso laboral ante laD-II-33 de la Sección 44 del SNTE, la Secretaría de Educación y la Contraloría estatal, con señalamientos de persecución laboral por parte del director y algunos de sus empleados de confianza, que lo hacen sentirse incómodo durante la realización de sus actividades académicas.
De manera constante están preguntando por él para saber dónde se encuentra y si acudió a clases, cuando asegura que no acostumbra faltar. Ha sufrido descuentos salariales sin motivo: “Yo recibí un mensaje de la señorita Ivonne, quien era auxiliar de la maestra Ana Poblano, pidiéndome que adelantara el cierre del módulo al día 14 de junio y que subiera las calificaciones porque tenían que cerrar el sistema; adelanté mi evaluación y presenté calificaciones 3 días antes como me lo hablan solicitado y la consecuencia fue que me descontaron toda esa semana".
Le quitaron prácticamente todos los grupos de contrato y se las asignaron al hijo de la Secretaria Académica, Alejandra Ramírez, lo que consideran un acto de nepotismo.
Otro hecho que menciona en relación al acoso laboral es que hace 2 años, tenia 18 horas de descarga que luego redujeron a 12 y en este semestre a solo 10 horas: "Siempre cumplí con actividades y proyectos en beneficio de la institución para justificar esas horas de descarga y la maestra Alejandra Ramírez se ha negado sistemáticamente a autorizar 2 propuestas que le presenté sobre actividades para cubrir horas de descarga. Esas negativas no tienen un fundamento legal ni reglamentario y obedecen a criterios subjetivos".
Los docentes señalaron que presentarán la denuncia de estos hechos y sus respectivas pruebas al Secretario de Educación, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, ya que podrían ser considerados como faltas graves del Director y la Secretaria Académica como servidores públicos.
