En diversos estados del país se han presentado 18 demandas de colectivos y asociaciones civiles por la omisión legislativa en la reforma judicial, ya que en esta no se consideraron acciones afirmativas para garantizar la representación de grupos históricamente vulnerables en la elección de jueces y magistrados.
El consejero del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, indicó que la jurisprudencia 1 del 2024, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, sostiene que todos los partidos y las autoridades deben garantizar los derechos de participación política de estos grupos.
“Al convertirse el Poder Judicial en un órgano con cargos electivos, debieron incluirse acciones para facilitar la inclusión de personas de la comunidad LGBT+, indígenas y personas con discapacidad,” indicó.
Rodríguez Fuentes explicó que este movimiento busca no solo visibilizar el derecho de estos grupos a participar en cargos públicos de elección, sino también establecer precedentes judiciales que garanticen espacios de representación.
Además, mencionó que la iniciativa pretende promover un juicio electoral con el objetivo de obtener una sentencia favorable que obligue a abrir espacios en el Poder Judicial para estas poblaciones vulnerables.
Recordó que en 2023 el Tribunal Electoral falló a favor de los grupos LGBT+ en Coahuila y reconoció una omisión legislativa en la misma línea.
