/ martes 19 de julio de 2022

La suciedad no se puede limpiar con intenciones

Con el nuevo ciclo escolar a punto de comenzar, urge que se aclare más de un cabo suelto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval, con relación a la prestación del servicio de limpieza, y es que están a punto de recibir a miles de nuevos estudiantes, sin que toda la plantilla laboral cuente con seguridad social, o al menos así lo indican testimonios de un extrabajador.

De acuerdo con los señalamientos presentados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, en el Poli están lejos de los valores que promueve la 4T, pues miles y miles de trabajadores suman meses con la prestación del servicio sin que estén afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según lo descrito por Martín Velázquez Mariano, quien se desempeñó como colaborador de Joad Limpieza y Servicios en el CECyT 7 y fue despedido tras exigir las condiciones que marca la ley.

Tal como se observa en el documento dirigido específicamente al director General de Inspección Federal del Trabajo, Fernando Jordan Siliceo, el problema parece radicar en el modus operandi de la compañía vinculada a José Juan Reyes Domínguez, pues más de la mitad no contaría ni si quiera con contrato.

Así, la situación ha derivado en que no accedan a pago de utilidades, acumulación de antigüedad, incapacidades por riesgo de trabajo o enfermedad en general, y ni hablar de capacitaciones o pago a tiempo de salarios.

Por ello, desde finales de mayo la petición es para que se lleve a cabo una Visita de Constatación, para verificar que cumpla al 100% con las obligaciones que dicta el Registro de empresas prestadoras de servicios especializados (REPSE), pues además que se quedó con el acuerdo por más de 300 millones de pesos en el IPN, también se le ubica como contratista de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo; el Instituto Mexicano del Petróleo, de Marco Antonio Osorio Bonilla; Profeco, de Ricardo Sheffield; y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, por mencionar algunas.

No obstante, se trata de un caso que ha tenido diversas aristas, una de ellas con el expediente FED/CDMX/SPE/0001/2022, radicado en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, para indagar tanto a José Hipólito Rosas Molina, encargado de la Dirección de Servicios Generales, como a Silvia Atayde Yáñez, por haber incurrido en uso ilícito de atribuciones y facultades al asignar el convenio.

Se trata de un delito previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, por lo que resulta extraño que las averiguaciones estén por cumplir dos meses sin resultado alguno; sin olvidar las semanas transcurridas desde que Joad Limpieza y Servicios fue declarada ganadora del proceso IA-011B00001-E32-2022, en circunstancias sospechosas.

Lo comento porque la compra IA-011B00001-E32-2022 recibió críticas desde la emisión de las prebases, pues se encendieron alertas sobre el diseño de un traje a medida de alguna de las concursantes ligadas a Reyes Domínguez, sobre todo luego que entre las cláusulas se copiaron algunas que nada tenían que ver con las necesidades del Instituto, ya que eran casi iguales a los requerimientos de institutos de salud en donde se benefició a compañías que supuestamente son parte esta red, conocida en el sector por dedicarse a simular competencia.

En ese sentido, es pertinente recordar que se acusó a la empresa de no cumplir con los requisitos del IPN. De inicio por cotizaciones para fines de semana y días festivos por encima de lo permitido por Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O; así como por dejar fuera el puesto de supervisor, aún cuando la solicitud es que hubiese alguien con dicho rol en cada grupo de 10 a 50 operarios.

hiroshi@oem.com.mx

Con el nuevo ciclo escolar a punto de comenzar, urge que se aclare más de un cabo suelto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de Arturo Reyes Sandoval, con relación a la prestación del servicio de limpieza, y es que están a punto de recibir a miles de nuevos estudiantes, sin que toda la plantilla laboral cuente con seguridad social, o al menos así lo indican testimonios de un extrabajador.

De acuerdo con los señalamientos presentados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, en el Poli están lejos de los valores que promueve la 4T, pues miles y miles de trabajadores suman meses con la prestación del servicio sin que estén afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según lo descrito por Martín Velázquez Mariano, quien se desempeñó como colaborador de Joad Limpieza y Servicios en el CECyT 7 y fue despedido tras exigir las condiciones que marca la ley.

Tal como se observa en el documento dirigido específicamente al director General de Inspección Federal del Trabajo, Fernando Jordan Siliceo, el problema parece radicar en el modus operandi de la compañía vinculada a José Juan Reyes Domínguez, pues más de la mitad no contaría ni si quiera con contrato.

Así, la situación ha derivado en que no accedan a pago de utilidades, acumulación de antigüedad, incapacidades por riesgo de trabajo o enfermedad en general, y ni hablar de capacitaciones o pago a tiempo de salarios.

Por ello, desde finales de mayo la petición es para que se lleve a cabo una Visita de Constatación, para verificar que cumpla al 100% con las obligaciones que dicta el Registro de empresas prestadoras de servicios especializados (REPSE), pues además que se quedó con el acuerdo por más de 300 millones de pesos en el IPN, también se le ubica como contratista de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo; el Instituto Mexicano del Petróleo, de Marco Antonio Osorio Bonilla; Profeco, de Ricardo Sheffield; y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, por mencionar algunas.

No obstante, se trata de un caso que ha tenido diversas aristas, una de ellas con el expediente FED/CDMX/SPE/0001/2022, radicado en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, para indagar tanto a José Hipólito Rosas Molina, encargado de la Dirección de Servicios Generales, como a Silvia Atayde Yáñez, por haber incurrido en uso ilícito de atribuciones y facultades al asignar el convenio.

Se trata de un delito previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, por lo que resulta extraño que las averiguaciones estén por cumplir dos meses sin resultado alguno; sin olvidar las semanas transcurridas desde que Joad Limpieza y Servicios fue declarada ganadora del proceso IA-011B00001-E32-2022, en circunstancias sospechosas.

Lo comento porque la compra IA-011B00001-E32-2022 recibió críticas desde la emisión de las prebases, pues se encendieron alertas sobre el diseño de un traje a medida de alguna de las concursantes ligadas a Reyes Domínguez, sobre todo luego que entre las cláusulas se copiaron algunas que nada tenían que ver con las necesidades del Instituto, ya que eran casi iguales a los requerimientos de institutos de salud en donde se benefició a compañías que supuestamente son parte esta red, conocida en el sector por dedicarse a simular competencia.

En ese sentido, es pertinente recordar que se acusó a la empresa de no cumplir con los requisitos del IPN. De inicio por cotizaciones para fines de semana y días festivos por encima de lo permitido por Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O; así como por dejar fuera el puesto de supervisor, aún cuando la solicitud es que hubiese alguien con dicho rol en cada grupo de 10 a 50 operarios.

hiroshi@oem.com.mx