/ jueves 5 de mayo de 2022

Cómo reducir la inseguridad ciudadana y consolidar el Estado de Derecho

¿Cuál es la relación entre la confianza en las instituciones y la disminución de la inseguridad ciudadana?

La seguridad ciudadana es un bien público, la Federación, los Estados y municipios deben proveer para prevenir y controlar delitos y violencias, asegurar el cumplimiento de normas y leyes de convivencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia y penitenciario. La evidencia nos demuestra que sin seguridad no hay Democracia, crecimiento, ni desarrollo.

Por ello, preocupa que a nivel nacional los índices delincuenciales y homicidios van a la alza, debemos mencionar que no en todos los estados ya que algunos como es el estado de Coahuila a puesto en primer orden la seguridad de sus ciudadanos, poniendo el ejemplo a otros estados del país.

De hecho, ocho de cada 10 mexicanos consideran que la delincuencia es el principal problema del país.

La delincuencia genera un alto costo económico y social por pérdidas en capital humano, afectaciones al bienestar y seguridad ciudadana, y obstáculos al desarrollo económico. Se calcula que el crimen y la violencia le cuestan al país y sus regiones en promedio 3.5% del PIB Además, un alto porcentaje de las empresas consultadas considera que la delincuencia y sus problemáticas son la principal problemática para hacer negocios en en muchas zonas de México

Para afrontar este desafiante panorama, es imprescindible contar con instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que gocen de legitimidad y confianza ciudadana; consolidar el Estado de Derecho, y reducir la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.

Desafíos que afrontan las instituciones de seguridad y justicia

Uno de los problemas que afrontan las instituciones encargadas de proveer servicios de seguridad y justicia es la baja confianza ciudadana y el deterioro de su legitimidad. Actualmente, la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia son bajas o nulas en diferentes zonas del país. La confianza es baja porque las instituciones no son percibidas como fuente de servicios efectivos a la ciudadanía.

Las instituciones de seguridad y justicia están rebasadas en su capacidad para atender la demanda ciudadana y la tasa de resolución de delitos es muy baja: se condenan menos 20 delincuentes por cada 100 víctimas promedio, mientras qué haciendo un comparativo con Europa esa tasa es de 81. La baja digitalización de los servicios y procesos contribuye con estos retrasos. Además, existe una amplia desigualdad en el acceso a servicios de seguridad y justicia para las poblaciones más vulnerables.

Además, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en el sector de seguridad y justicia es baja. Aunque varios estados como Coahuila entre otros, desarrollan estrategias de seguridad mediante políticas para reducir la violencia y el delito, la implementación resulta desafiante por los bajos niveles de comunicación, planeación, coordinación, e integración entre los ámbitos nacional y local. Asimismo, las políticas y programas no reconocen la interdependencia que existe entre las diferentes instancias del sistema de seguridad y justicia, lo cual impide lograr una efectiva política criminal.

La baja confianza ciudadana en los sistemas de seguridad ciudadana y justicia y los altos índices de criminalidad son dos caras de la misma moneda. Para romper este círculo vicioso, es necesario atacar los dos problemas.

Medidas que pueden adoptar las instituciones de seguridad y justicia para reducir la inseguridad

Para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana. El objetivo final es construir instituciones efectivas y eficientes, que sean proveedores servicios adecuados de seguridad y justicia (prevención, control, investigación, judicialización, condena y rehabilitación). Para ello es necesario, entre otras opciones:

1) Mejorar la justicia procedimental, para generar círculos virtuosos de legitimidad, confianza y efectividad, mediante procesos justos y respetuosos. Más que el resultado, la ciudadanía valora que las acciones y el trato recibido sea el justo. Esta percepción de justicia se relaciona con mayor confianza en las instituciones y en sus decisiones. Las víctimas pueden ser las principales evaluadoras del sistema de seguridad y justicia. Si perciben que la denuncia es un mecanismo efectivo para judicializar los delitos y que conduce a penas proporcionales, tendrán confianza en el sistema, aumentarán las demandas y por ende la efectividad del sistema.

2) Fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia. Si no contamos con instituciones de seguridad y justicia profesionalizadas, no podemos esperar respuestas efectivas a la prevención, control y atención de las violencias. Necesitamos personal capacitado y comprometido con los derechos humanos, claros protocolos y sistemas de evaluación de actuación, y prestaciones para la dignificación y el bienestar social del personal, que impacten efectivamente sobre su carrera.

3) Tener un sistema de información amplio y transparente, que facilite la comunicación entre las instituciones y la sociedad civil. Es decir, un mecanismo de acompañamiento y rendición de cuentas que contribuya a la construcción de estándares mínimos requeridos para mejorar el servicio al ciudadano. Abrir espacios y canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones promueve la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia, contribuyendo a mejores condiciones de seguridad.

4) Incorporar herramientas tecnológicas para aumentar sus capacidades, reducir sus costos y mejorar su efectividad. La digitalización de los servicios y procesos permitiría aumentar la conectividad con los ciudadanos y así mejorar la cobertura y el acceso para toda la población. Esto incluye adoptar mecanismos para asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables. La digitalización también puede contribuir a mejorar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

5) Fortalecer espacios de coordinación entre autoridades locales y nacionales, para contar con una eficiente gestión de seguridad a nivel local. Para ello, se deben establecer esquemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, intercambiando información confiable desde un sistema moderno que genere insumos para la toma cualificada de decisiones de política pública. Asimismo, se deben fortalecer a los gobiernos locales y promover acuerdos de trabajo conjunto entre las distintas instancias del sistema de seguridad y justicia, con el objetivo de prevenir y reducir violencias y delitos.

6) Poner al ciudadano en el centro. Si las instituciones cumplen las misiones para las que fueron creadas, centrando su razón de ser en el servicio de calidad a la ciudadanía, crece la confianza. Si se mantienen altos niveles de confianza, se fortalece la legitimidad institucional, necesaria para que la ciudadanía sienta las instituciones como propias y por tanto colabore con ellas.

México y sus estados región por región continuarán estando expuestos a fenómenos y situaciones sociales que exigen contar con una mayor y mejor calidad del servicio, poniendo a prueba la fortaleza y credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia. En este sentido, se deben promover estrategias y políticas públicas que consoliden la buena gobernanza y la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la justicia procedimental, la profesionalización y especialización del personal de estas instituciones, la incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar su efectividad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Con la ciudadanía siempre en el centro de toda decisión y acción.

Estas acciones se toman en Coahuila dando prioridad a la seguridad pública, ya que el gobierno a cargo del Ing. Miguel Riquelme tiene muy claro que sin seguridad no hay Democracia, no hay crecimiento y no hay desarrollo.

Gracias por su atención.

Cualquier comentario: neiloza@hotmail.com

¿Cuál es la relación entre la confianza en las instituciones y la disminución de la inseguridad ciudadana?

La seguridad ciudadana es un bien público, la Federación, los Estados y municipios deben proveer para prevenir y controlar delitos y violencias, asegurar el cumplimiento de normas y leyes de convivencia y el funcionamiento de los sistemas de justicia y penitenciario. La evidencia nos demuestra que sin seguridad no hay Democracia, crecimiento, ni desarrollo.

Por ello, preocupa que a nivel nacional los índices delincuenciales y homicidios van a la alza, debemos mencionar que no en todos los estados ya que algunos como es el estado de Coahuila a puesto en primer orden la seguridad de sus ciudadanos, poniendo el ejemplo a otros estados del país.

De hecho, ocho de cada 10 mexicanos consideran que la delincuencia es el principal problema del país.

La delincuencia genera un alto costo económico y social por pérdidas en capital humano, afectaciones al bienestar y seguridad ciudadana, y obstáculos al desarrollo económico. Se calcula que el crimen y la violencia le cuestan al país y sus regiones en promedio 3.5% del PIB Además, un alto porcentaje de las empresas consultadas considera que la delincuencia y sus problemáticas son la principal problemática para hacer negocios en en muchas zonas de México

Para afrontar este desafiante panorama, es imprescindible contar con instituciones de seguridad y justicia fortalecidas, que gocen de legitimidad y confianza ciudadana; consolidar el Estado de Derecho, y reducir la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo.

Desafíos que afrontan las instituciones de seguridad y justicia

Uno de los problemas que afrontan las instituciones encargadas de proveer servicios de seguridad y justicia es la baja confianza ciudadana y el deterioro de su legitimidad. Actualmente, la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia son bajas o nulas en diferentes zonas del país. La confianza es baja porque las instituciones no son percibidas como fuente de servicios efectivos a la ciudadanía.

Las instituciones de seguridad y justicia están rebasadas en su capacidad para atender la demanda ciudadana y la tasa de resolución de delitos es muy baja: se condenan menos 20 delincuentes por cada 100 víctimas promedio, mientras qué haciendo un comparativo con Europa esa tasa es de 81. La baja digitalización de los servicios y procesos contribuye con estos retrasos. Además, existe una amplia desigualdad en el acceso a servicios de seguridad y justicia para las poblaciones más vulnerables.

Además, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en el sector de seguridad y justicia es baja. Aunque varios estados como Coahuila entre otros, desarrollan estrategias de seguridad mediante políticas para reducir la violencia y el delito, la implementación resulta desafiante por los bajos niveles de comunicación, planeación, coordinación, e integración entre los ámbitos nacional y local. Asimismo, las políticas y programas no reconocen la interdependencia que existe entre las diferentes instancias del sistema de seguridad y justicia, lo cual impide lograr una efectiva política criminal.

La baja confianza ciudadana en los sistemas de seguridad ciudadana y justicia y los altos índices de criminalidad son dos caras de la misma moneda. Para romper este círculo vicioso, es necesario atacar los dos problemas.

Medidas que pueden adoptar las instituciones de seguridad y justicia para reducir la inseguridad

Para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana. El objetivo final es construir instituciones efectivas y eficientes, que sean proveedores servicios adecuados de seguridad y justicia (prevención, control, investigación, judicialización, condena y rehabilitación). Para ello es necesario, entre otras opciones:

1) Mejorar la justicia procedimental, para generar círculos virtuosos de legitimidad, confianza y efectividad, mediante procesos justos y respetuosos. Más que el resultado, la ciudadanía valora que las acciones y el trato recibido sea el justo. Esta percepción de justicia se relaciona con mayor confianza en las instituciones y en sus decisiones. Las víctimas pueden ser las principales evaluadoras del sistema de seguridad y justicia. Si perciben que la denuncia es un mecanismo efectivo para judicializar los delitos y que conduce a penas proporcionales, tendrán confianza en el sistema, aumentarán las demandas y por ende la efectividad del sistema.

2) Fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia. Si no contamos con instituciones de seguridad y justicia profesionalizadas, no podemos esperar respuestas efectivas a la prevención, control y atención de las violencias. Necesitamos personal capacitado y comprometido con los derechos humanos, claros protocolos y sistemas de evaluación de actuación, y prestaciones para la dignificación y el bienestar social del personal, que impacten efectivamente sobre su carrera.

3) Tener un sistema de información amplio y transparente, que facilite la comunicación entre las instituciones y la sociedad civil. Es decir, un mecanismo de acompañamiento y rendición de cuentas que contribuya a la construcción de estándares mínimos requeridos para mejorar el servicio al ciudadano. Abrir espacios y canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones promueve la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia, contribuyendo a mejores condiciones de seguridad.

4) Incorporar herramientas tecnológicas para aumentar sus capacidades, reducir sus costos y mejorar su efectividad. La digitalización de los servicios y procesos permitiría aumentar la conectividad con los ciudadanos y así mejorar la cobertura y el acceso para toda la población. Esto incluye adoptar mecanismos para asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables. La digitalización también puede contribuir a mejorar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

5) Fortalecer espacios de coordinación entre autoridades locales y nacionales, para contar con una eficiente gestión de seguridad a nivel local. Para ello, se deben establecer esquemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, intercambiando información confiable desde un sistema moderno que genere insumos para la toma cualificada de decisiones de política pública. Asimismo, se deben fortalecer a los gobiernos locales y promover acuerdos de trabajo conjunto entre las distintas instancias del sistema de seguridad y justicia, con el objetivo de prevenir y reducir violencias y delitos.

6) Poner al ciudadano en el centro. Si las instituciones cumplen las misiones para las que fueron creadas, centrando su razón de ser en el servicio de calidad a la ciudadanía, crece la confianza. Si se mantienen altos niveles de confianza, se fortalece la legitimidad institucional, necesaria para que la ciudadanía sienta las instituciones como propias y por tanto colabore con ellas.

México y sus estados región por región continuarán estando expuestos a fenómenos y situaciones sociales que exigen contar con una mayor y mejor calidad del servicio, poniendo a prueba la fortaleza y credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia. En este sentido, se deben promover estrategias y políticas públicas que consoliden la buena gobernanza y la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la justicia procedimental, la profesionalización y especialización del personal de estas instituciones, la incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar su efectividad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Con la ciudadanía siempre en el centro de toda decisión y acción.

Estas acciones se toman en Coahuila dando prioridad a la seguridad pública, ya que el gobierno a cargo del Ing. Miguel Riquelme tiene muy claro que sin seguridad no hay Democracia, no hay crecimiento y no hay desarrollo.

Gracias por su atención.

Cualquier comentario: neiloza@hotmail.com