/ domingo 29 de agosto de 2021

Apostar al Modelo de Justicia Cívica

El 30 % de la población tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en los últimos tres meses, y en el 90 % de los casos esos conflictos incluyen insultos, daños materiales y hasta incluso violencia física. Hoy en día esos comportamientos, algunos considerados como faltas administrativas, son las conductas que más afectan a los ciudadanos porque eventualmente pueden ser factores de riesgo que detonan delitos, violencia y problemas de convivencia, por lo que deben atenderse.

Hoy La Laguna debe aspirar a implementar el proceso de atención y sanción de conflictos y faltas administrativas, donde se promueva la solución de conflictos comunitarios y sancione a las personas infractoras con perfiles de riesgo, con medidas a favor de nuestra comunidad. Quizá hemos estado canalizando esfuerzos a la reducción y atención de delitos de alto impacto, como el secuestro u homicidios dolosos, pero no debemos descuidar atender la raíz donde se originan los diferentes tipos de violencias. Las faltas administrativas no son delitos, pero igual deben atenderse, eso es precisamente la iniciativa del Modelo de Justicia Cívica.

La violencia urbana se manifiesta en faltas administrativas e incivilidades, por lo que hace inminente identificar sus dinámicas con la intención de prevenir y generar mecanismos de cohesión social. Existen datos con los que hoy cuenta la autoridad nos pueden permitir hacer un diagnóstico más preciso, y partir de ahí para renovar este proceso de atención a los problemas antisociales. Al detectar y evitar estas problemáticas sociales, se puede intentar evitar que se agraven y eventualmente lleguen a convertirse en un delito.

El funcionamiento del modelo consiste en una vez presentada la falta administrativa, interviene la policía orientada a la solución de problemas, y se realiza un tamizaje al infractor para su análisis. Posteriormente, a través de una audiencia pública, un juez evalúa la sanción y determina en su caso la reparación del daño, ya sea a través de medidas reeducativas, modelos terapéuticos o tratamiento de adicciones. Este Modelo es todo un reto donde se reinventen las instituciones públicas, que tendrán impacto en la reducción de la criminalidad y la violencia.

El 30 % de la población tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en los últimos tres meses, y en el 90 % de los casos esos conflictos incluyen insultos, daños materiales y hasta incluso violencia física. Hoy en día esos comportamientos, algunos considerados como faltas administrativas, son las conductas que más afectan a los ciudadanos porque eventualmente pueden ser factores de riesgo que detonan delitos, violencia y problemas de convivencia, por lo que deben atenderse.

Hoy La Laguna debe aspirar a implementar el proceso de atención y sanción de conflictos y faltas administrativas, donde se promueva la solución de conflictos comunitarios y sancione a las personas infractoras con perfiles de riesgo, con medidas a favor de nuestra comunidad. Quizá hemos estado canalizando esfuerzos a la reducción y atención de delitos de alto impacto, como el secuestro u homicidios dolosos, pero no debemos descuidar atender la raíz donde se originan los diferentes tipos de violencias. Las faltas administrativas no son delitos, pero igual deben atenderse, eso es precisamente la iniciativa del Modelo de Justicia Cívica.

La violencia urbana se manifiesta en faltas administrativas e incivilidades, por lo que hace inminente identificar sus dinámicas con la intención de prevenir y generar mecanismos de cohesión social. Existen datos con los que hoy cuenta la autoridad nos pueden permitir hacer un diagnóstico más preciso, y partir de ahí para renovar este proceso de atención a los problemas antisociales. Al detectar y evitar estas problemáticas sociales, se puede intentar evitar que se agraven y eventualmente lleguen a convertirse en un delito.

El funcionamiento del modelo consiste en una vez presentada la falta administrativa, interviene la policía orientada a la solución de problemas, y se realiza un tamizaje al infractor para su análisis. Posteriormente, a través de una audiencia pública, un juez evalúa la sanción y determina en su caso la reparación del daño, ya sea a través de medidas reeducativas, modelos terapéuticos o tratamiento de adicciones. Este Modelo es todo un reto donde se reinventen las instituciones públicas, que tendrán impacto en la reducción de la criminalidad y la violencia.